Diputados de la CDMX discrepan sobre una ley contra la comida ultraprocesada

“Estamos trabajando con los diputados para ver si es factible hacer una legislación similar en la Ciudad de México y aquí lo que nos guía, fundamentalmente, pues es la salud de los niños y las niñas de la ciudad”, dijo Sheinbaum en videoconferencia el pasado 12 de agosto.

De las 83,683 personas que han dado positivo a COVID-19 en la capital, 17.96% tiene obesidad, 16.7% hipertensión y 13.75% diabetes, males asociados a la mala alimentación. El porcentaje se eleva en las 7,755 personas que han muerto por el virus, de las cuales 22.85% tenía obesidad, 39.1% hipertensión y 34.76% diabetes.

La situación en la niñez no es mejor, pues de 6 cada 10 niños que estudian en la Ciudad de México tienen sobrepeso y obesidad, de acuerdo con un estudio realizado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) CDMX, según dio a conocer la titular de esa institución, Esthela Damián, el pasado 13 de agosto.

“En el preescolar que son los niños de tres a seis años, se identifica que hay un menor problema con relación a temas de nutrición, es decir, tenemos una cantidad muy reducida de sobrepeso y obesidad.

“Pero cuando ingresan a la primaria, sobre todo a partir del tercero al sexto de primaria, es cuando empiezan a ganar peso los niños”, agregó.

¿Qué piensan los diputados del Congreso CDMX?

Pese a la prohibición de la comida chatarra en las tiendas de las escuelas vigente desde 2014, el diputado Eleazar Rubio de Morena resalta que su venta continúa tanto dentro como fuera de los planteles educativos.

“Si nosotros vamos a las escuelas nos damos cuenta de lo que están vendiendo. Podemos prevenir desde las escuelas; si nosotros lo atacamos desde los primeros años puede atacar la forma de pensar generacionalmente”, dice en entrevista con Expansión Política.

La restricción, señala, tendría que aplicarse no sólo dentro de los muros de las escuelas, sino en las tiendas de la esquina y puestos en vía pública a su alrededor.

A la par es necesario concientizar a los alumnos y brindarles opciones saludables en especial para zonas con familias de bajos ingresos, en lugar de sólo eliminar de un día al otro las papas fritas, chocolates y refrescos, considera el morenista integrante de las comisiones legislativas de Educación, y de Juventud.

“Son dos elementos: los alimentos que están vendiendo las grandes empresas y segundo una cultura alimenticia. Dependiendo de la zona también tiene que ver con la economía, señala.

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“Es una locura”, responde Jorge Gaviño, vicecoordinador del PRD, al preguntarle si es posible aplicar la misma legislación en la capital que en Oaxaca.

“Se entiende las buenas intenciones de la ley pero el camino del infierno está plagado de buenas intenciones”, comenta.

Para el diputado, la legislación que se toma como ejemplo tiene dos vacíos: en primer lugar no establece sanciones para quien viole dicha disposición. En segundo lugar, no se define qué se considera como ‘alto contenido de calorías’ o ‘bebida azucarada’, pues los legisladores sólo mencionan que se tomarán los criterios de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM).

“La Secretaría de Salud del estado de Oaxaca aplicará y vigilará el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas que establecen los límites máximos de azúcares. No hay ninguna norma oficial mexicana que lo establezca, ¿cómo va a vigilar una norma que no existe?”, sostiene el perredista integrante de la Comisión de Desarrollo Económico.

Gaviño considera que de aplicarse la misma legislación en la ciudad dará pie a una corrupción innecesaria o que simplemente quede como letra muerta

“Al rato una piñata va a ser delincuencia organizada. (…) Esta iniciativa se metió hace más de un año y prosperó porque están tratando los de Morena de desviar la atención por la mortalidad que hay en el país.

“Sí hay que bajar el contenido calórico de los alimentos pero hay muchas formas, por ejemplo con la concientización, la cultura, inclusive las empresas que busquen bajar el contenido calórico de sus productos”, señala el también vicecoordinador de su bancada.

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Mauricio Tabe, coordinador del PAN, apunta que la obesidad y sobrepeso en los niños pueden condicionar su desarrollo a lo largo de su vida, incrementando el riesgo de padecer enfermedades crónico degenerativas como hipertensión o diabetes.

Sin embargo, advierte que una reforma no funcionará si se deja sólo en la restricción de la venta y el gobierno no asume su responsabilidad en la prevención.

“Una prioridad del gobierno debe ser combatir la obesidad, el sobrepeso y sobre todo desde la infancia porque es un problema de salud pública”, argumenta en entrevista el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso capitalino.

El legislador considera que la concientización debe comenzar desde la etapa de lactancia y seguir a lo largo de la vida, incluyendo a los padres en la educación.

“Sí es posible en la Ciudad de México, pero no lo dejaría sólo a la prohibición sino que también se establecieran programas públicos de concientización sobre hábitos saludables y alimentación balanceada”, comenta el legislador integrante de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez.

Tabe prepara una iniciativa dirigida al Congreso federal, enfocada en el control de obesidad y sobrepeso en niños y adolescentes, pues piensa que es necesario que las políticas que se apliquen sean a nivel nacional.

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El panista no descarta una reacción de las empresas que producen y comercializan estos productos, sin embargo advierte que las industrias también deben colaborar para reducir el problema de sobrepeso y obesidad en la población.

“La responsabilidad del Congreso de la ciudad y el federal será dialogar con la industria cómo se adaptan los procesos y se cuida de la salud, afectando lo menos posible los empleos e intereses económicos.

“Ellos (los empresarios) tendrán que ir haciendo los cambios a sus productos para reducir el daño. No se trata de estigmatizar los productos, simplemente de sensibilizar y que la gente tome decisiones”, señala Tabe.

En medio del debate sobre la viabilidad o no de este tipo de medidas, la reforma del Congreso de Oaxaca ha cobrado eco: este viernes el gobernador de Tabasco presentó una reforma en el mismo sentido ante el legislativo local, que este lunes pretende votarla. Mientras que otras iniciativas similares se han planteado en Colima, Chihuahua y Estado de México.

Pero también han recibido el rechazo de representantes del sector empresarial. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) considera que esta reforma es "una barrera a la libertad comercial" que incentivará la economía informal, lo que pondrá en riesgo la salud de las familias ante productos que pueden no cumplir con la normatividad sanitaria correspondiente.

"Consideramos que dicha medida daña las cadenas de valor, perjudicando principalmente a los sectores más desfavorecidos de la población, sobre todo aquellos que viven del comercio", expusieron en el último de los comunicados emitidos sobre el tema.