La ley de infancias trans enfrenta incertidumbre en el Congreso de la CDMX

La reforma busca que los menores que se identifican con un género distinto al que se les asignó al ser llevados ante el Registro Civil puedan cambiarlo en su acta de nacimiento, para así quedar registrados con el nombre y género con el se reconocen a sí mismos.

Actualmente las personas menores de edad pueden realizar el proceso de adecuación en su acta mediante un juicio, pero lo que busca la reforma es que el cambio se haga mediante un trámite administrativo, como ya ocurre con los adultos que hacen la modificación.

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La reforma fue aprobada por las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia, y de Igualdad de Género el 14 de febrero y en los dos periodos de sesiones pasados ha sido relegada, pese a la presión que han ejercido padres de niños transgénero, colectivos LGBTTTI y los legisladores promotores de esta ley.

La iniciativa propone cambios a los códigos Civil y al de Procedimientos Civiles capitalinos y requiere el respaldo de una mayoría simple (la mitad de los legisladores presentes) para que sea una realidad.

Morena con sus diputados podría dar luz verde al cambio legal, sin contar con sus aliados, entonces ¿qué es lo que tiene atorado este dictamen?

Los legisladores morenistas Temístocles Villanueva, quién impulsa la reforma, y Eduardo Santillán, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia —la encargada de la dictaminación de la reforma—, coinciden en que los principales puntos que tienen detenido el dictamen es la edad para que un menor pueda solicitar el cambio y si ambos padres tutores deben avalarlo.

Temístocles Villanueva explica en entrevista que el actual dictamen no marca una edad mínima y considera que a partir de los 12 años el menor puede decidir realizar la adecuación en su acta, por lo que ve posible hacer esa precisión.

“Hemos decidido recurrir a uno de los instrumentos que ya existen y que es el proceso que tienen que emprender para decidir si viven con su padre o con su madre cuando ellos se separan, el menor a partir de los 12 años puede decidirlo”, expresa el legislador.

Abunda además que si el niño tiene menos de 12 años, es suficiente con que uno de sus padres lo acompañe a realizar el trámite.

“Los menores son personas sujetas de derechos, no objetos de protección. Los padres están para garantizar sus derechos, no para decidir por ellos”, apunta.

El legislador Eduardo Santillán coincide en la edad, pero considera que deben ser ambos padres los que den el aval para el cambio en el documento legal y que en caso de que uno o los dos no estén de acuerdo, el menor se presente ante un juez de lo familiar para que se atienda su solicitud.

A su vez, la legisladora Paola Soto, quien preside la comisión de Igualdad de Género y también es promotora de los cambios legales, considera que no se debe marcar un mínimo de edad, pues los padres con quienes trabajó la reforma así lo desean.

“Yo lo he platicado con las familias y no quieren que se imponga una edad porque la discriminación no se da a partir de los 12 años, la discriminación que sufren las niñas y los niños es desde que entran a las escuelas, ese es el problema”, señala en entrevista.

Sobre el tema del aval de los padres, Soto refiere que es suficiente con que uno de los progenitores apoye la decisión del menor.

"Cuando sucede este tipo de situaciones en las familias, solo se queda una de las dos partes progenitoras acompañando en el proceso a sus hijas e hijos y generalmente son las mujeres.... qué hacemos con esas realidades, ¿vamos a someter a una condena permanente a lo niños de padres que no están de acuerdo?", apunta.

Soto expone que la reforma también ha polemizado por desconocimiento, pues atiende una recomendación, incluso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pide modificar el trámite de la vía civil a a la administrativa.

“No habla de alteraciones corporales, dosis hormonales… Hoy cualquier persona, de los cero a los 100 años, puede solicitar el cambio de género en su acta de nacimiento, lo único que sucede el día hoy es que de cero a 18 años estamos imponiendo un trámite judicial: la gente tiene que contratar un abogado, ir a un juicio...”, apunta.

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Los diputados Temístocles Villanueva y Eduardo Santillán consideran que hay disposición en su partido para sacar adelante la reforma, pero en los tiempos no coinciden.

El legislador Villanueva señala que la reforma podría subirse al Pleno en un segundo periodo extraordinario de sesiones, pues se cuenta con el compromiso de sus compañeros de partido para sacarla y la reforma es urgente, pues de lo contrario se inicia "el proceso de discriminación sistemática que tendrán que soportar toda su vida" las personas trans.

Sin embargo el diputado Santillán afirma que se deben buscar consensos que deben ser trabajados en los próximos meses.

"En un periodo extraordinario, sobre todo, fundamentalmente deben plantearse temas que no pueden tener un aplazamiento y que más o menos pueden generar consensos, tanto al interior del partido como en el Congreso en su conjunto”, sostiene.

A su vez, la diputada Paula Soto señala que luego de más de siete meses en los que se han atendido las opiniones del Conapred, la Unicef y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y se realizaron foros, es necesario que se lleve al Pleno en un periodo extra y pese a que se dice abierta a revisar cambios al dictamen, se niega tajantemente a regresarla a revisión en comisiones.

“Está todo listo para que se discuta en el periodo extraordinario, el dictamen está hecho y hay quienes después de haber votado en un sentido u otro, está bien, pero que propongan las modificaciones con sus reservas en la discusión en el Pleno, seguir deteniendo el dictamen me parece fuera de toda lógica”, señala.

Sin embargo, el diputado Santillán, cuya comisión debe solicitar que se discuta la reforma, sostiene que no hay condiciones para ello y no existe una fecha obligada para discutirla.

“A veces es mejor esperar un poco más para que un dictamen vaya lo suficientemente solido y no acelerarse por querer sacarlo de manera inmediata, cuando se sube un dictamen en el que no hay consenso, se corre el riesgo de que no pase”, apunta.