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El Congreso de la CDMX busca eliminar las "terapias de conversión"

Los diputados de la capital discuten una iniciativa para sancionar las terapias o actividades que pretendan cambiar la orientación sexual, la identidad o la expresión de género de una persona.
mar 19 mayo 2020 06:09 PM
terapias conversión lgbttti cdmx
La iniciativa propone hasta cinco años de cárcel a quien obligue o realice terapias para "corregir" la orientación sexual.

El pasado fin de semana se conmemoró el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia y, en este contexto, en la Ciudad de México se ha puesto sobre la mesa la discusión de una práctica que atenta contra la libertad de las personas: las llamadas "terapias de conversión".

Aunque desde 1990 la homosexualidad dejó de ser considerada como una enfermedad mental —por declaratoria de la Organización Mundial de la Salud (OMS)—, en la actualidad persisten estas terapias que prometen curar y también corregir la orientación sexual.

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El Congreso de la CDMX analiza una iniciativa que busca penalizar este tipo de prácticas que "atentan contra la libre autodeterminación de las personas".

El dictamen está siendo discutido, vía remota, por los integrantes de las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género.

La propuesta para erradicar estas terapias fue presentada por el diputado local Temístocles Villanueva y está basada en recomendaciones del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred), la Comisión de Derechos Humanos (CDHCM) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México.

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¿Que se busca con esta iniciativa?

Que en la ciudad queden prohibidos aquellos contratos, tratamientos, terapias, servicios, tareas o actividades que pretendan corregir la orientación sexual, la identidad o la expresión de género.

Para ello, se propone reformar dos artículos del Código Penal local, en los cuales quedarían establecidas penas de hasta cinco años de prisión a quien obligue o realice estas "terapias de conversión".

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Si la iniciativa pasa al pleno del Congreso capitalino y este la aprueba, así quedarían establecidos los artículos:

  • Artículo 206 bis (propuesta): "Se entenderá también como tortura (...) a quien obligue o aplique sobre una persona métodos tendientes a anular el libre desarrollo de la personalidad, orientación sexual, identidad y expresión de género de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no cause dolor físico o angustia psicológica".

    "Queda prohibido cualquier contrato, tratamiento, terapia o servicio que cambie, reprima o elimine la personalidad y las manifestaciones de identidad de género y orientación sexual".

  • Artículo 181 (propuesta): "Se impondrán de dos a cinco años de prisión y 80 horas de trabajo comunitario a quien obligue, a través de violencia física, moral o psicoemocional a otra persona, a recibir tratamientos, terapias o servicios tendientes a anular el libre desarrollo de la personalidad sexual, que pretendan afectar, obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, anular o modificar la orientación sexual, identidad o expresión de género".

    "Se impondrá la misma pena a quien imparta o realice los tratamientos, terapias o servicios mencionados".

  • Artículo 182 (propuesta): si quien incurre en estas prácticas es un familiar, "la reparación del daño comprenderá además el pago de alimentos para estos (las víctimas)".

¿Cuál es el argumento de la iniciativa?

En la propuesta se enlistan algunos Principios de Yogyakarta,​ documento sobre los derechos legales y humanos relativos a la orientación sexual y la identidad de género.

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Uno de estos principios sostiene que ninguna persona debe ser obligada a someterse a tratamientos, procedimientos o exámenes médicos o psicológicos con el fin de "corregir" su orientación sexual.

También indica que el Estado debe adoptar las medidas legislativas, administrativas y de otra índole para asegurar la plena protección de las personas contra prácticas médicas dañinas basadas en la orientación sexual.

¿Qué sigue?

La propuesta tendrá que se avalada por las comisiones unidas, para luego remitirla al pleno del Congreso capitalino para su discusión y, en su caso, aprobación. La legislación sería aplicable solo en la Ciudad de México.

En el Senado existe otra propuesta que también busca prohibir y sancionar las "terapias de conversión" a nivel nacional; esta iniciativa ya fue aprobada en comisiones.

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