A punto de que quedara aprobada la Ley Orgánica del Instituto de Planeación de la Ciudad de México, impulsada por la mayoría de Morena, los diputados del Congreso capitalino decidieron bajar el dictamen y regresarlo a comisiones.
Federico Döring, diputado del PAN, acusó que esta ley centraliza el poder en la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, al dejar en la mandataria y no en el Legislativo los nombramientos del instituto que coordinará el desarrollo de la CDMX.
“Todos son nombramientos ‘carnales’. Incluso el Comité Técnico de Selección es a invitación, y ese es el que hace todas las propuestas de las que llegarán a la Junta de Gobierno, y de ahí al Consejo Técnico, al Consejo Ciudadano y la eventual propuesta del director del instituto”, dijo.
En respuesta, Guadalupe Chavira, legisladora de Morena, defendió que en los comicios de 2018 fue elegido el proyecto de gestión de Sheinbaum para la CDMX y que no existe base legal para quitarle peso en los nombramientos, incluyendo el de la Oficina de Participación Ciudadana.
“Sí tengo que decirlo y lo digo fuerte y quedito: pertenezco a un partido que es el partido que gobierna, y tuvo la opción, esa opción que encabeza la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum”, dijo Chavira.
“No encuentro en dónde haya un asidero constitucional para que la oficina fuera nombrada por el Congreso, no está el asidero constitucional, ni tampoco viene dentro de la ley del sistema”, señaló la morenista.
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La razón para dar marcha atrás al asunto fue el error que advirtieron los diputados de oposición sobre la posible inconstitucionalidad del dictamen, pues incluir una modificación para la Ley de Alcaldías necesita de la aprobación de tres cuartas partes de los votos.
En la sesión de este jueves, Morena no alcanzaba esa mayoría calificada.
Además, se debería haber incluido en la dictaminación a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, al tratarse de una ley constitucional.
El proyecto fue regresado a las comisiones unidas de Planeación del Desarrollo, presidida por el PAN, y de Administración Pública Local, encabezada por Morena.
Un nuevo dictamen tendrá que ser aprobado y presentado ante el pleno en un máximo de 20 días.
