Anaid Velasco, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), señaló que como organizaciones estarían dispuestas a exponer los costos de la contaminación atmosférica ante la justicia, como son las alrededor de 20,000 muertes anuales ligadas a la mala calidad del aire.
“Lo que nos dice la contaminación atmosférica es que el aire que estamos respirando no tienen la calidad necesaria para garantizar la vida y la salud. Hoy nuestras leyes no nos garantizan como ciudadanos que vamos a tener una buena calidad de vida”, explicó.
Rosa Peña, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, señaló que la regulación de los contaminantes no debe analizarse desde una perspectiva de costo-beneficio, sino de proporcionalidad.
Indicó que a mayor protección de derechos humanos hay menor contaminación atmosférica, pues al mejorar la calidad del aire se resguardan los derechos a un medio ambiente sano, a la vida y a la salud.
“Las medidas como el doble cero tendríamos que aplaudirlas porque no sólo nos regresan al espíritu original por el que se creo sino también se alinean a un enfoque de derechos humanos”, afirmó.