Vecinos acusan conflicto de interés en la PAOT en su reclamo contra una obra

Desde hace un año, denunciaron ante la PAOT esta obra y sostuvieron reuniones de conciliación con el entonces subprocurador, Emigdio Roa Márquez, y también con Cinthya Altamirano Meraz, quien entonces era una de las 10 consejeras ciudadanas de la procuraduría.

Sin embargo, Altamirano Meraz desde esa época era representante legal de Desarrolladora Ared, algo de lo que los vecinos inconformes dicen no haber sido informados y por lo cual protestan.

El Consejo Ciudadano de la PAOT fue aprobado por la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal (hoy Congreso de la CDMX) y estuvo en funciones de mayo de 2016 a mayo de 2019, es decir, durante todo el desarrollo de la investigación realizada por PAOT sobre Ubika Insurgentes. Hasta el momento, no se ha publicado en la Gaceta Oficial una nueva convocatoria para su renovación.

"En su doble carácter y de manera dolosa, la Sra. Altamirano malinterpreta disposiciones jurídicas que permitan a la desarrolladora concluir las zanjas abiertas del muro milán y continuar los trabajos con excavaciones perimetrales nuevas, acción que ha empeorado la situación de las colindancias", señalan los vecinos en un comunicado.

"En acuerdo con la Sra. Altamirano, el Sr. Roa Márquez presionó a vecinos de Quintana Roo 93 y del Edificio ACRO a aceptar acuerdos que favorecían a la constructora y la deslindaban de los daños ocasionados y calamidades futuras", acusan.

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Cuestionada al respecto, la actual titular de PAOT, Mariana Boy, descartó que un consejero ciudadano tenga influencia sobre las investigaciones de la dependencia, así como que exista un conflicto de interés, pues los cargos de los consejeros son honorarios y la ley no les impide seguir con su actividad profesional.

"El consejo asesor de la procuraduría está conformado por ciudadanos de todos los sectores, esto incluye organizaciones de la sociedad civil, representantes de los desarrolladores, expertos, académicos, etcétera. Puede seguir cada uno de ellos ejerciendo su profesión, por supuesto que el conflicto de intereses sería utilizar influencias para mover información aquí", dijo en entrevista.

"En todas las investigaciones se lleva el mismo proceso, se requiere la misma información a las autoridades, el análisis legal de las violaciones es el mismo para todos los expedientes, no hay ningún trato preferencial para absolutamente ningún ciudadano", aseguró.

Los vecinos, en tanto, han advertido que mantendrán su rechazo a la construcción de Ubika Insurgentes.