CIUDAD DE MÉXICO (Expansión Política).- El Congreso de la Ciudad de México vivió una polémica en las últimas semanas, surgida de una reforma a la Ley Constitucional de Derechos Humanos que modificó el artículo 60 de esa normatividad.
Según sus detractores, tal como estaba planteado originalmente el artículo equivalía a dar el "derecho a invadir" propiedades. En contraste, sus defensores lo respaldaban bajo el argumento de que evitaría desalojos irregulares en la capital.
La última redacción del artículo, aprobada por el Congreso capitalino y publicada en la Gaceta Oficial este 7 de junio , quedó así:
"Ninguna persona podrá ser desalojada sin mandamiento judicial emitido de conformidad a las disposiciones constitucionales y legales aplicables al caso concreto. Las leyes en la materia establecerán los procedimientos y modalidades para garantizar el derecho de audiencia, respetar el debido proceso, y procurar en todo momento, la mediación y la conciliación; además de cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento. Las personas afectadas por un acto de desalojo, podrán solicitar a las autoridades correspondientes, su incorporación a los programas de vivienda".
La polémica se debe a que el Congreso local en diciembre ya había aprobado una redacción del artículo y esta incluso ya se había promulgado, apenas en febrero pasado. La reforma se produjo después, luego de que el tema empezó a generar preocupación entre algunos sectores que advertían del posible impulso a un "derecho a invadir". Por el contrario, algunas organizaciones civiles sostenían que esa regulación ayudaría a evitar desalojos forzados y violaciones a derechos humanos.
Con la modificación del artículo publicado originalmente el 8 de febrero, se eliminó:
Para el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, vicecoordinador de Morena en el Congreso capitalino, el derecho a la vivienda debe garantizarse desde la Ley de Vivienda y no desde la Ley de Derechos Humanos, por lo que era necesaria su reforma.
"El acceso a la vivienda como derecho no puede estar garantizado por el Estado quitándole la propiedad a otra persona. Tampoco se puede permitir el abuso que existe en algunos casos, donde las personas son desalojadas sin que exista un procedimiento legalmente acreditado", dijo.
La redacción original del artículo 60 fue coordinada por el diputado Temístocles Villanueva, también de Morena, y generó controversia entre los grupos parlamentarios del PAN y del PRD, los cuales consideraron que inducía la invasión de propiedades.
El @Congreso_CdMex debe derogar el artículo 60 de la Ley de #DerechosHumanos de la #CDMX por ser violatorio del derecho humano a la propiedad pic.twitter.com/IVrvB8U1aa
— Jorge Gaviño (@jorgegavino) May 30, 2019
Sin embargo, Rodríguez Díaz de León descartó que la modificación haya respondido a presiones externas.
"Nosotros como legisladores del grupo parlamentario de Morena, o por lo menos yo como vicecoordinador, no recibí ningún tipo de presión por parte de grupos, ni de inmobiliarios ni de vivienda", afirmó.
Para Sergio González, integrante de 06600 Plataforma Vecinal y Observatorio de la Colonia Juárez, hubo un retroceso con la reforma realizada al artículo 60.
"Lo que es muy grave es que primero lo votaran por mayoría a favor y después comenzaran una serie de recortes al artículo. Al final, lo que dejaron es algo 'descafeinado'. Es un muy mal síntoma que lo hayan rasurado hasta hacer que perdiera su esencia", dijo.
"Hay muchos procesos irregulares en los desalojos. Se hacen juicios simulados donde dos personas se ponen de acuerdo para demandarse una a la otra, pero la persona que vive ahí no se entera de que hay todo un proceso. Cuando se da cuenta es porque de pronto llegan los granaderos y la sacan de su hogar", señaló.
Más desalojos en el Centro Histórico, esta vez en Isabel la Católica 99. ¿De cuántos más?
— Yeudiel Infante (@yeudielinfante) June 5, 2019
Una confundida señora de la tercera edad cuida sus pocas cosas con sus perros sobre la banqueta cuando comienza a llover. Sus ahora ex vecinos le ayudan a proteger sus pertenencias... pic.twitter.com/byk57Tm2LG
Para el activista, la falta de información sobre la ubicación y el motivo de los desalojos impide que se generen políticas públicas para atender el problema. Además, advirtió, de nuevo el Estado queda sin responsabilidad respecto de la expulsión de habitantes.
"El artículo 60 era una manera de presionar a la autoridad para que abriera un proceso de regularización en la posesión de los inmuebles", dijo.
Hoy, activistas analizan qué vías legales podrían tomar para frenar la aplicación de la redacción final del artículo 60.
De acuerdo con una solicitud de información, la Secretaría de Gobierno capitalina ha registrado 14,641 desalojos desde enero de 2013 a marzo de 2019.
2013: 1,372
2014: 2,226
2015: 2,488
2016: 2,712
2017: 2,578
2018: 2,933
2019 (enero-marzo): 332
