Si llega a una carpeta de investigación como si fuera un indicio, la defensa no podrá confrontarlo y el juez no podrá valorarlo.
El resultado puede ser doble: injusticia para inocentes señalados por patrones mal construidos y nulidades para culpables bien detenidos.
Mala política para ambos lados.
La superficie de ataque
Interconectar sistemas es multiplicar puertas. La seguridad de una red conectada tiende a parecerse a la de su eslabón más débil, y aquí el eslabón puede ser un servidor, un proveedor o un usuario con acceso.
México tiene memoria reciente: en 2022 la filtración conocida como Guacamaya expuso documentación masiva de la Defensa, y organizaciones civiles han documentado espionaje con Pegasus atribuido a instancias del Estado.
No hay evidencia pública de que la plataforma carezca de blindaje; tampoco hay evidencia pública de que lo tenga. Se anunció la conexión, no la auditoría.
Y el enemigo habitual de un sistema de inteligencia no es el hacker extranjero, sino el operador comprado.
¿Gobierno policial?
Se dice que esto conduce a un Estado policial. Prefiero ser preciso: una firma no instaura un régimen. Pero los regímenes de vigilancia no nacen de golpe; se construyen con convenios razonables, finalidades legítimas y controles postergados.
El patrón conocido se llama expansión de finalidad: los datos reunidos para perseguir al crimen pueden terminar sirviendo para otras cosas, porque están ahí.
Con la plataforma en el Ejecutivo, usuarios armados y opacidad sobre sus reglas, lo que falta son contrapesos visibles.
Y la próxima administración heredará las bases con reglas que hoy desconocemos.
Qué exigir: controles y sanciones
Criticar sin proponer es comodidad. Propongo cinco salidas:
-Primera: publicar una versión pública del convenio y los lineamientos de acceso, con las bases conectadas y los perfiles de usuario.
-Segunda: registro inmutable de cada consulta, con nombre, fecha y finalidad, revisable por un órgano externo.
-Tercera: auditoría independiente y periódica de seguridad de la plataforma, con informe al Congreso.
-Cuarta: protocolo que impida usar inteligencia como prueba sin validación del Ministerio Público y cadena de custodia.
-Quinta: sanciones expresas, administrativas y penales, para quien consulte sin finalidad legítima o filtre información, incluidos mandos.
Medir antes de aplaudir
Añado una condición: indicadores públicos de desempeño.
El CNI presume cinco centros regionales de fusión, más de 10,000 tarjetas de alertamiento y casi 8,000 fichas de investigación. Son cifras oficiales, sin verificación independiente conocida, y producir tarjetas no equivale a esclarecer delitos.
Que se midan casos resueltos, errores detectados, incidentes de seguridad y sanciones aplicadas. Y que el convenio tenga vigencia limitada y cláusula de revisión, para que la renovación sea un examen y no un trámite.
La pregunta que queda
La seguridad pública no se construye acumulando datos, sino confianza.
Ningún sistema de inteligencia sobrevive a la sospecha de que sirve a fines distintos de los declarados, y ninguna confianza se obtiene pidiéndola. Se gana solo con reglas visibles, auditores incómodos y castigos reales.
Si el Estado quiere que le entreguemos la mirada, que nos muestre primero quién lo vigila a él.
*Alberto Guerrero Baena es consultor y estratega en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal.
Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad en diferentes espacios de la Radio y Televisión en CDMX y Michoacán.
Correo electrónico: albertobaenamx@gmail.com
Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
