El sábado la fiscal general Ernestina Godoy informó que la FGR ejecutó una orden de aprehensión contra el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, por traición a la patria.
La tesis: permitió que agentes de la CIA participaran, sin autorización federal, en el operativo de abril contra un narcolaboratorio en El Pinal, donde murieron cuatro personas, dos de ellas estadounidenses.
Hasta aquí, hechos; lo demás es interpretación, y la interpretación importa porque el delito carga hasta cuarenta años de prisión.
La fracción I del artículo 123 del Código Penal Federal castiga actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero.
Esa finalidad no es adorno: es el elemento subjetivo que separa al traidor del funcionario imprudente, torpe o desleal a su cadena de mando. La omisión de informar y la violación de protocolos tienen otro nombre: ejercicio ilegal del servicio público y coalición, delitos que Chihuahua le imputa, con penas que reportes locales ubican hasta en cinco años.
Saltar de ahí a cuarenta años exige, bajo esa fracción, probar que quiso someter al país a un poder extranjero.
Cooperar, aun mal y sin informar a la federación, con un aliado contra un narcolaboratorio no se parece a eso.
Venganza política: la sospecha que el Estado se ganó
Que la acusación sea endeble no prueba que sea venganza, pero el contexto la invita. Jáuregui fue detenido primero por la fiscalía de Chihuahua, gobernada por el PAN, y luego se le notificó la orden federal.
Días antes, la gobernadora Maru Campos dijo que él actuó “por la libre”, y el exfiscal había manifestado interés en la candidatura panista a la alcaldía de la capital.
Además, la FGR admite que fue él quien dio a conocer los hechos: el supuesto traidor resulta ser quien contó el secreto. Nada de esto demuestra persecución, pero es lo que un fiscal serio evita, porque convierte cada decisión técnica en sospecha política.
Dos varas para medir
La segunda pregunta incomoda: ¿mide la FGR con la misma regla a opositores y afines?
El 29 de abril el Departamento de Justicia acusó al gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza y a otros ocho funcionarios y exfuncionarios por presuntos vínculos con Los Chapitos.
En julio, la FGR dijo no contar con elementos que alcanzaran el parámetro probatorio mínimo para proceder contra ellos, aunque la investigación sigue abierta, y Gobernación sostuvo que Washington no entregó las pruebas solicitadas. Las situaciones no son idénticas: allá hay una acusación extranjera sin pruebas entregadas; aquí, un hecho ocurrido en suelo propio.
Pero el contraste de ritmos es brutal. En Sinaloa, prudencia probatoria y espera; en Chihuahua, cien actos de investigación y una orden de aprehensión por el delito más grave del catálogo político.
Una Fiscalía con acento político
Cuesta defender que la FGR actúe solo con lógica jurídica cuando sus decisiones más sonoras coinciden con la conveniencia del poder.
No hace falta inventar un móvil: basta observar el patrón que se percibe. Si el señalado es opositor, hay celeridad y mensaje en video; si pertenece al círculo afín, hay paciencia. Una fiscalía autónoma no se defiende con discursos sino con consistencia: criterios de persecución publicados, razones de oportunidad explicadas y decisiones que resistan ser aplicadas mañana al otro lado de la mesa.
Mientras eso no exista, cada orden de aprehensión será leída como política, no por mala fe de los críticos, sino por déficit institucional de quien acusa.
La credibilidad de una fiscalía no se decreta: se acumula expediente por expediente y se pierde en uno solo.
El verdadero vacío: cooperación sin reglas
Hay un dato que casi nadie quiere mirar: lo que la FGR llama traición es, en buena medida, el síntoma de una cooperación bilateral que opera en la penumbra.
La Iniciativa Mérida es un esquema de cooperación y financiamiento; el Entendimiento Bicentenario de 2021 es un marco político.
Ninguno es un tratado con obligaciones exigibles sobre quién puede participar en un operativo, con qué autorización, bajo qué mando, con qué control judicial y con qué responsabilidad si alguien muere.
México tiene tratados de extradición y asistencia jurídica mutua; no conozco uno que regule la presencia de agentes extranjeros en territorio mexicano. Ese vacío convierte a un fiscal estatal en blanco penal y a la soberanía en consigna.
Blindar el acuerdo, no al funcionario
La salida es un tratado aprobado por el Senado, como exige la Constitución, que sustituya la ambigüedad por reglas.
Propongo cinco mínimos.
- Autorización federal previa y por escrito para cualquier participación de personal extranjero, con registro nominal.
- Límites funcionales: asesoría, análisis e intercambio de inteligencia, nunca acciones operativas ni uso de la fuerza.
- Cadena de mando federal única, que excluya improvisaciones estatales.
- Jurisdicción y responsabilidad definidas para agentes y servidores públicos de ambos países, incluidas las muertes.
- Revisión bilateral periódica, informes al Congreso y reciprocidad real, porque la cooperación sin simetría se vuelve tutela.
Habrá quien objete que Washington no querrá atarse.
Pero un Estado que acusa de traición por la ausencia de reglas debería ser el primero en exigirlas. Mientras tanto, Chihuahua deja tres lecciones. Una: la soberanía no se defiende encarcelando a un exfiscal mientras la relación opera sin marco. Dos: un tipo penal de máxima gravedad no puede servir de palanca política, porque el día que se normalice, nadie estará a salvo. Tres: si el problema fue la CIA operando sin permiso, la respuesta no es solo un detenido: es una explicación pública de quién autorizó, quién sabía y cuándo.
Si la FGR quiere que su acusación se lea como justicia y no como ajuste de cuentas, debe empezar por mostrar sus pruebas y aplicar a todos la misma vara.
El país merece una soberanía con reglas escritas, no una que se invoque solo cuando el acusado resulta incómodo. Lo demás es ruido, o peor, escenografía.
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-Biografía: Alberto Guerrero Baena es consultor y estratega en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal.
Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad en diferentes espacios de la Radio y Televisión en CDMX y Michoacán.
Correo electrónico: albertobaenamx@gmail.com
Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
