Un reto de esta naturaleza se atiende con médicos, psicólogos, clínicas y programas. Es decir, con presupuesto.
Un sistema con margen para crecer
Según el análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el proyecto de presupuesto federal para 2026 destinaba a la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones y a siete programas relacionados 3,491.7 millones de pesos. Esto representaba 2.5% menos que en 2025 y alrededor del 1.5% del gasto en salud, lejos del 5% que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Conviene confirmar la cifra final aprobada por la Cámara de Diputados, pero la brecha respecto a la recomendación internacional es clara.
También lo es la disponibilidad de personal. El Diagnóstico Operativo de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud contabiliza menos de un psiquiatra y poco más de tres psicólogos por cada 100,000 habitantes, y especialistas señalan que se concentran sobre todo en las grandes ciudades. Para quien vive en una comunidad pequeña, la ayuda profesional puede quedar a horas de distancia, y el sector privado no siempre es una opción accesible.
Hay que reconocer, con justicia, que existen esfuerzos: una estrategia nacional de salud mental y un plan para incorporar la atención psiquiátrica a los hospitales generales, una idea acertada. Su éxito dependerá de contar con psiquiatras en varios turnos, más personal capacitado y espacios adecuados, y todo eso requiere inversión sostenida.
Tampoco se trata de un asunto de un solo gobierno ni de un solo partido. El rezago es de larga data: estudios de hace más de una década ya mostraban que la salud mental recibía alrededor del 2% del gasto en salud, en su mayoría destinado a hospitales psiquiátricos y no a atención cercana a la población. Federación, estados y congresos han compartido esa deuda histórica, y también comparten la oportunidad de saldarla.
