La guerra moderna ya no necesita ejércitos formales ni blindados en las calles: basta un dron con cámara térmica, conexión de fibra óptica y un software de inteligencia artificial. Lo inquietante es que en México estos sistemas ya están en manos de actores no estatales, mientras el Estado observa, reacciona tarde o simplemente no entiende la magnitud del fenómeno.
La expansión del uso de drones de alta gama por organizaciones criminales no es una especulación. Desde hace años existen reportes sobre su utilización para vigilancia de fuerzas de seguridad, transporte de armas, ataques con explosivos y comunicación táctica en zonas de conflicto. Lo grave no es solo que existan, sino que no hay una infraestructura estatal capaz de detectarlos, rastrearlos o neutralizarlos de manera efectiva.
El crimen organizado descubrió, antes que el propio Estado, que el control del espectro digital es una forma de soberanía. Mientras tanto, México sigue atrapado en una visión analógica de la seguridad pública, donde los drones se discuten como curiosidad tecnológica y no como lo que realmente son: armas asimétricas de bajo costo y alta letalidad, alimentadas por redes de fibra óptica y comunicación encriptada.
El Estado mexicano ha sido lento en comprender que la seguridad nacional ya no depende solo de patrullar carreteras o zonas rurales. Los conflictos contemporáneos se libran en tres niveles simultáneos: físico, informático y electromagnético. Los drones, que operan entre los tres, representan la convergencia más peligrosa de esa triada.
Técnicamente, un dron moderno puede volar más allá del alcance visual gracias a enlaces por fibra óptica o señales 4G/5G, enviar video encriptado a cientos de kilómetros y ejecutar rutas programadas mediante GPS militar o civil. Su detección requiere sensores multiespectrales —radares de microondas, acústicos y ópticos— coordinados por software de análisis de señales. México no tiene hoy un sistema de este tipo a nivel nacional.
El problema no es de falta de tecnología: es de diseño institucional y visión estratégica. Las capacidades de vigilancia aérea están repartidas entre la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional, el CNI y las secretarías estatales, cada una con sistemas propios y sin interoperabilidad. Es un mosaico desconectado. En términos técnicos, el Estado no tiene “conciencia situacional” de su propio cielo, y eso equivale a operar ciego en un campo de batalla.
La respuesta más común al problema de los drones suele ser simplista: “derribarlos”. Pero la neutralización efectiva requiere ciencia, no reflejos. Disparar contra un dron urbano puede ser más peligroso que dejarlo volar. Los sistemas modernos de defensa emplean técnicas de interferencia electromagnética (jamming) y toma de control remoto (spoofing) para desactivar o redirigir aeronaves sin daño colateral.
Desarrollar esta tecnología exige conocimiento avanzado en física de ondas, ciberseguridad y control de señales. Países como Francia, Israel o Japón invierten en programas de guerra electrónica civil, donde la prioridad no es destruir, sino dominar el entorno electromagnético. México, en cambio, depende casi por completo de importaciones y carece de marcos legales que permitan experimentar o probar contramedidas dentro del país.
El vacío técnico se combina con el político: no existe una agencia nacional con facultades claras para responder a ataques aéreos de baja altitud ni a interferencias digitales. La Guardia Nacional carece de entrenamiento especializado, y la Secretaría de la Defensa Nacional mantiene una doctrina orientada a amenazas convencionales, no tecnológicas. En resumen, el Estado mexicano sigue peleando una guerra analógica en un mundo digital.
El vacío no es solo operativo, también legal. México no cuenta con un registro digital nacional de drones, ni con una ley integral de ciberseguridad que regule la transmisión de datos críticos por redes de fibra óptica. Mientras tanto, los grupos criminales aprovechan infraestructura comercial —de empresas que operan sin supervisión suficiente— para construir redes privadas encriptadas que superan, en capacidad y cobertura, a muchas instituciones públicas.
Esta brecha tecnológica no es accidental; es el resultado de años de desinterés político y desarticulación institucional. Los gobiernos federales han delegado la política de innovación a dependencias dispersas, sin un proyecto de soberanía tecnológica. Mientras se discuten reformas electorales o fiscales, nadie debate la seguridad científica del Estado mexicano.
Una nación que no invierte en investigación aplicada en ciberdefensa, sensores, inteligencia artificial y sistemas antidrones termina alquilando su propia seguridad. Y quien alquila su seguridad, renuncia a su independencia.
Superar esta crisis no implica militarizar el cielo, sino tecnologizar el Estado. México necesita un Centro Nacional de Defensa Digital y Aérea, autónomo, interdisciplinario y conectado con universidades e institutos tecnológicos. Desde ahí podrían coordinarse redes de detección, protocolos de neutralización y desarrollo de software propio.
- Debe impulsarse también una doctrina de defensa tecnológica, con tres pilares científicos:
- Ingeniería de detección electromagnética, para identificar patrones de vuelo y comunicación.
- Ciberseguridad aplicada al control de señales, para prevenir hackeos y sabotajes.
- Análisis de datos e inteligencia artificial, para anticipar riesgos con base en comportamiento operativo.
Sin inversión científica, cualquier política de seguridad será meramente reactiva. La seguridad nacional moderna no se construye con más patrullas, sino con más ingenieros.
El Estado mexicano enfrenta una disyuntiva histórica: asumir su defensa tecnológica o resignarse a depender de otros para proteger su espacio aéreo y digital. Los drones criminales son apenas el síntoma visible de un problema más profundo: la incapacidad del país para construir soberanía científica y operativa.
Hoy, el cielo mexicano es un territorio disputado. Si el Estado no recupera el control sobre sus datos, sus frecuencias y sus sensores, la próxima generación de amenazas no solo lo sobrevolará: lo superará.
El futuro de la seguridad nacional no está en el número de soldados, sino en el número de científicos que el Estado sea capaz de formar y escuchar.
Porque en el siglo XXI, la verdadera frontera no está en la tierra ni en el aire. Está en el conocimiento.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
