Ecosistema criminal

Todas esas referencias se convirtieron en poco tiempo en la evidencia de un cinismo absoluto pues no solamente no respondieron a una verdadera transformación en la forma de ejercer el poder público, sino una manera en que se encubrirían las verdaderas y obscenas intenciones de quienes querían lucrar a su antojo con el mando del gobierno. En muy poco tiempo se empezaron a conocer las consecuencias de tantas aparentes ocurrencias. Se desnudaron al enseñar que en realidad tenían el compromiso de fortalecer sus vínculos con la delincuencia organizada, que estaban dispuestos a derribar todo lo que tuviere origen en gobiernos previos (sin importar el daño a la población y al país de tales decisiones), que abrieron las puertas para que las fuerzas armadas se metieran de lleno en cientos de tareas y proyectos previamente en manos de civiles, y un apetito insaciable para hacerse de negocios, recursos y operaciones.

El control férreo que se ha venido ejerciendo sobre medios de comunicación y distintos foros provocó que durante todo el sexenio anterior se limitara en forma abrupta el conocimiento y difusión de las irregularidades en el manejo de proyectos y recursos públicos. Aunque los escándalos fueron varios y no menores en cuantía, se restringieron los comentarios y eventualmente se apagaron casi todos los incendios de casos delicados de corrupción. La censura a la prensa libre fue brutal, al punto de que quedaron solamente unos cuantos medios electrónicos con capacidad e independencia suficiente. De milagro sobreviven para decir lo que la maquinaria oficialista niega y elimina de su cobertura mediática.

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Sin mantenimiento

Pero no contaban con que en este año se alinearan las estrellas en cuanto a la presión proveniente de Estados Unidos para que se destapara la cloaca de lo que se ha denominado el “huachicol fiscal”, un esquema que hay que entender y asimilar en sus alcances para entender muy bien la dimensión de lo que estos pseudo-gobernantes implementaron. La razón de la presión desde Estados Unidos no es que se pretenda proteger a México (los estadounidenses vigilan sus intereses), sino el hecho de que en ese país se realizó una modificación legal que propició que a bandas delincuenciales se les clasificare como organizaciones terroristas, y ese cambio detona una obligación de persecución de tales grupos donde se encuentren en el mundo, incluso con posibles intervenciones militares extra-territoriales.

Bajo dicho escenario el gobierno de Estados Unidos tuvo la evidencia absoluta de la manera en que en una nefasta colusión, autoridades mexicanas y carteles terroristas hicieron un enorme negocio consistente en la compra masiva de combustibles en ese país para luego importarlo a México sin pagar aranceles o impuestos, y así generar un enorme margen de utilidad para el momento de venderse a operadores de estaciones de servicio en muchas partes del país. Un negocio redondo, de magnitudes absurdas, y con una clara participación de múltiples capas de complicidad, incluyendo la derrama económica para los terroristas que tienen las manos metidas en aduanas, carreteras, distribución, y venta de combustibles.

Ahora que se divulgaron las formas de operar en el huachicol fiscal, se incluyeron el uso de transporte no solo terrestre (pipas y carro tanques), sino que además se tuvo que aceptar también la presencia de barcos enteros puesto que se fueron por algo mucho más grande en cuanto a los volúmenes de combustibles que se adquirían en Estados Unidos y se introducían ilegalmente en el país. Pero esas dimensiones ya no implicaban solamente un esquema de contrabando, sino que representaron un ecosistema completo de una operación que implicaba a autoridades federales y estatales en áreas y dependencias como Aduanas, Pemex, SAT, UIF, Marina, Sedena, Guardia Nacional y otras corporaciones de seguridad. Por la dimensión del negocio que ya se calculó en un sofisticado estudio del Dr. Francisco Barnés de Castro en un monto de 28,200 millones de dólares (más de medio billón de pesos) en el sexenio anterior, el esquema no se pudo haber desplegado sin la participación, consentimiento y dirección desde Palacio Nacional.

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Complicidad criminal

La forma en que se tuvieron que haber manipulado los controles en temas aduaneros, fiscales, combustibles, etc. es materialmente imposible que el esquema se hubiera siquiera concebido sin que el entonces presidente hubiera dado las instrucciones para que los responsables de las distintas materias hicieran lo que estaba bajo su responsabilidad para permitir que todo el ecosistema existiera y diera frutos. Hay ya quienes piensan que este operativo se hizo para generar recursos para financiar campañas políticas exclusivamente, como de hecho se sabe ocurrió concretamente en los casos de Sinaloa, Tamaulipas y Sonora (entre otros), pero la realidad es que el nivel de ingresos de lo que se está hablando dio para cubrir dichos procesos políticos (avasallando los controles democráticos), y mucho más. Estamos hablando de cifras multi millonarias que derivaron en beneficios para altísimos niveles del gobierno en turno, incluyendo a la jerarquía de la Secretaría de Marina (una institución que hasta hace poco era vista como la más ajena a este tipo de corruptelas).

Ahora lo cierto es que todo el teatro sobre la limpieza, probidad y lucha contra la corrupción (incluyendo el famoso pañuelo blanco) cayó estrepitosamente al piso. Nada que sostenga las mentiras, y mucho que reclamarles a quienes lucraron con el gobierno (y lo siguen haciendo) a espaldas de la población y de sus promesas vanas a la población. Se han quedado descubiertos ante la abrumadora evidencia de sus fechorías y su insensato apetito por robar al país y fortalecer su impresentable complicidad y asociación con organizaciones terroristas que Estados Unidos ya no permite se siga operando con impunidad.

P.D.1. La reducción de cifras de pobreza es otro caso de un gran engaño. Sin elementos de movilidad social real en que se ataquen las razones de la pobreza multidimensional, no será posible que las personas realmente abandonen las carencias que los tienen en marginación severa. Pero a este gobierno no le interesa mejorar condiciones de salud, educación, justicia, seguridad, medio ambiente, economía y trabajo. En los hechos han destruido cualquier posibilidad de mejora porque el interés real es tener grupos pauperizados y cautivos para efectos electorales.

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No normalicemos

P.D.2. La situación de Pemex se agrava día con día. Hemos llegado al punto en que una solución razonable sería venderla y no permitir que siga perdiendo dinero en forma exponencial. La refinación es un hoyo negro y contra cualquier noción de racionalidad se hizo una refinería adicional en la que se han gastado más de 22,000 millones de dólares en el peor lugar posible y sin que pueda operar. Una irresponsabilidad histórica que habrá de generar una carga presupuestal y patrimonial para muchas generaciones de mexicanos que tendremos que pagar dispendios absurdos.

P.D.3. México sigue perdiendo estatura en foros internacionales. Los efectos de desplazar a los miembros del cuerpo diplomático oficial, de haber destruido ProMéxico, y de seguir usando los puestos en embajadas y consulados como sitios para pago a rehenes políticos o sujetos incondicionales (ambos sin experiencia internacional), erosiona la posibilidad de un trabajo serio y de alcance.

P.D.4. Duele mucho ver el nivel de violencia que se está viendo en el mundo en conflagraciones en muchos lugares, incluyendo Ucrania, Israel, Somalia, etc. Tendríamos que abogar todos por parar las luchas armadas y realizar esfuerzos concertados para lograr treguas y eventualmente paces duraderas. Pero duele incluso más saber que México sigue encabezando listas de homicidios y desapariciones aunque técnicamente se diga que no estamos en guerra.

P.D.5. La iniciativa de reformas a la ley de amparo es gravísima. Es una regresión directa a épocas en que los ciudadanos no gozábamos de protección alguna frente a abusos de autoridad. El gobierno quiere voltear las cosas para que junto con la toma por asalto del poder judicial, ahora con un juicio de amparo desplumado, tengan la garantía absoluta de que los ciudadanos estemos indefensos ante cualquier acto que violente derechos humanos, sin importar que la Constitución se esté violando en forma sistemática. Entendamos que el esquema de tiranía institucional sigue avanzando. No lo permitamos con pasividad o desinterés.

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Notas del editor: Juan Francisco Torres Landa es miembro del Consejo Directivo de UNE México y de la red de Unid@s. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.