México requiere cambios inmediatos si aspira a consolidarse como un nodo estratégico ante la reconfiguración de las cadenas globales de suministro. La presidenta Claudia Sheinbaum, heredera del discurso de “soberanía energética” de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, parece inclinada a mantener cierta continuidad en la política energética. Sin embargo, su perfil técnico como ingeniera con experiencia en gobernanza climática abre la posibilidad de orientar al país hacia una transición energética más pragmática y basada en resultados verificables.
Transición en el poder, transición energética: los retos de Claudia Sheinbaum
México tiene un potencial renovable extraordinario—particularmente en energía solar, geotérmica, y biomasa— que aún no ha sido plenamente aprovechado.
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Pese a la reciente aprobación de reformas judiciales que debilitan los contrapesos institucionales y aumentan la incertidumbre, el sector energético mexicano sigue presentando oportunidades innegables. Además, frente a una posible desaceleración económica, Sheinbaum haría bien en priorizar el despliegue de energías alternativas. Sin avances estructurales en esta materia, el nearshoring corre el riesgo de diluirse (aún más).
La proyección de crecimiento para 2025 fue revisado a la baja por el Fondo Monetario Internacional (FMI), pasando de 1.4% a -0.3%, debido tanto a la imposición de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos como al enfriamiento económico común tras un cambio de administración. Paradójicamente, aunque Sheinbaum llegó al poder con mayor respaldo político que su antecesor, su margen del control de la agenda parece más acotado. Morena, ahora encabezado por el hijo del expresidente, condiciona crecientemente la agenda del executivo federal.
Aun así, la crisis climática y el mandato popular que respalda a Sheinbaum exigen una redefinición de prioridades. Si logra dotar a su administración de un sello propio —más amplio, más tecnocrático, y, en efecto, progresista—, el sector energético puede convertirse en el espacio ideal para marcar una diferencia real en el sexenio. Muchas empresas con presencia en el país han mostrado disposición a seguir invirtiendo. Esto puede explicarse por una percepción de mejora en la manera de atajar cuestiones de índole tecnocrático.
Como ha señalado Vanessa Rubio, mientras AMLO apostó por "más Estado y menos mercado”, Sheinbaum podría avanzar una fórmula de "más Estado y más mercado". Su proyecto insignia, el Plan México, diseñado en coordinación con el sector privado, establece metas ambiciosas en materia energética, de transporte, e infraestructura. No obstante, su ejecución requeriría nuevas fuentes de inversión y una arquitectura financiera diversificada.
Los desafíos de financiamiento para impulsar una transición energética robusta son considerables. En México, los costos de capital por gigavatio (GW) instalado oscilan entre 1,000 millones de dólares en solar y 1,700 millones en eólica. Según la Agencia Internacional de Energía (IEA), el país requerirá entre 6,700 millones y 11,000 millones de dólares de inversión anual para cumplir con su meta de emisiones netas cero hasta 2050. Será imposible alcanzar metas establecidas sin una coordinación sostenida entre el Estado, las empresas y actores internacionales.
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Además, expertos advierten que la creciente dependencia de importaciones para alimentar el sistema eléctrico —particularmente gas natural licuado— podría incrementar los costos, las emisiones, y la presión sobre la infraestructura nacional, como ya ocurre en Colombia. Por ello, sustituir importaciones mediante un impulso decidido a las energías renovables no sólo permitiría reducir las emisiones, sino también ampliar el acceso en zonas remotas y mejorar la seguridad energética.
México tiene un potencial renovable extraordinario—particularmente en energía solar, geotérmica, y biomasa— que aún no ha sido plenamente aprovechado. Fomentar inversiones "verdes" y apostar por la infraestructura correcta permitiría enfrentar desafíos como la escasez hídrica mediante tecnologías como la desalinización térmica. El suministro confiable de energía limpia es imperativo para hacer la desalinización una solución sostenible y escalable.
Una propuesta complementaria podría ser la creación de una Federación Nacional de Carbono coordinada entre las secretarías de Energía, Medio Ambiente, y Agricultura. Esta entidad permitiría monitorear y mitigar el impacto ambiental de proyectos de alta intensidad energética, como plantas de semiconductores o gasoductos. Igualmente, el uso estratégico de transferencias monetarias condicionadas podría reforzar la capacidad de respuesta ante desastres climáticos y promover la reforestación.
Integrar al campo mexicano en la transición energética debe ser otro eje prioritario. Desarrollar cadenas nacionales de valor en torno a los biocombustibles puede detonar innovación en sectores automotrices y aeronáuticos, al tiempo que genera empleo rural y fomenta el uso eficiente de recursos. Aunque México actualmente depende de la importación de aceite de soya desde Estados Unidos, posee abundantes materias primas y residuos forestales para producir biocombustibles de segunda generación.
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La administración de Sheinbaum tiene también la oportunidad de vincular sus programas sociales con la agenda climática, mediante políticas energéticas inclusivas y estrategias innovadoras que trasciendan el clientelismo. En un contexto fiscal limitado, el diseño de proyectos piloto escalables —especialmente en comunidades marginadas— podría marcar una diferencia estructural.
Sheinbaum enfrenta una gobernabilidad compleja en un entorno institucional más incierto. El país necesita una visión renovada que esté a la altura de los desafíos geopolíticos y ambientales del siglo XXI. Con apoyo relevante en ambos lados de la frontera, su éxito dependerá de su capacidad para equilibrar “continuidad” con innovación, técnica con política, y ambición con viabilidad. La transición energética es una oportunidad histórica para redefinir el rumbo del desarrollo nacional. México debe aprovecharla. No hay tiempo que perder.
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Nota del editor: Gerardo Penchyna Cárdenas es el Director de Operaciones de 'The Pádel Club Georgetown', un proyecto deportivo en Guyana. En paralelo, se desempeña como Analista de Riesgo Político en la consultora de origen brasileño con sede en Estados Unidos, 'Arko International — Research & Public Affairs'. Penchyna cuenta con una maestría en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Georgetown, y una licenciatura en Ciencia Política por la Universidad de Rice. Previamente trabajó como investigador en reconocidos centros de pensamiento en Washington, DC, incluyendo el Wilson Center, CSIS, AS/COA y el Baker Institute. Síguelo en LinkedIn y/o en X como @gpenchynac Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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