El acceso al agua es un derecho fundamental y un pilar del desarrollo sostenible; sin embargo, en México, la crisis hídrica es una realidad cada vez más apremiante: el 61.5 % del territorio nacional padece sequía (IMCO, 2024), lo cual afecta el acceso de agua per cápita, y 111 acuíferos a lo largo del país son sobreexplotados (Conagua, 2021), sobre todo, en el centro y norte de México.
Acuerdo por el agua, un punto de partida para la gestión hídrica en México
México tiene el potencial de construir un modelo de gestión hídrica que combine tecnología, equidad y sostenibilidad.
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Ante este panorama, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha impulsado el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, un esfuerzo que busca garantizar el acceso equitativo, recuperar el carácter público del recurso y fortalecer la infraestructura hídrica del país. Esta iniciativa marca un paso importante hacia una gestión más sostenible del agua, pero su éxito dependerá de su implementación efectiva y del compromiso de todos los sectores involucrados.
El acuerdo parte de principios fundamentales: priorizar el consumo humano sobre los usos económicos, redistribuir concesiones para un aprovechamiento más justo y eficiente, y mejorar la calidad del agua mediante programas de saneamiento y modernización de redes de distribución.
Algunas de las acciones más relevantes incluyen: el reordenamiento de concesiones, con la devolución de 2,800 millones de metros cúbicos por parte del sector agrícola y 126 millones del sector industrial; la tecnificación de 200,000 hectáreas de riego con una inversión de 9,000 millones de pesos en 2025; el saneamiento de ríos clave como el Lerma-Santiago y el Atoyac, fundamentales para la salud ambiental del país; y la inversión de 122,600 millones de pesos en infraestructura hídrica para reforzar el acceso y la calidad del agua en diversos estados (Gobierno de México, 2025).
El consenso político que ha logrado el Acuerdo es un punto a favor: gobernadores de distintos partidos, empresarios, académicos y ciudadanos han reconocido la urgencia de actuar. Además, la creación del Registro Nacional de Agua para el Bienestar es una apuesta por la transparencia y el monitoreo del recurso. Si bien estos avances son positivos, los desafíos en la implementación requieren estrategias más integrales. Algunos puntos clave a considerar incluyen:
Infraestructura y eficiencia: Actualmente, de acuerdo con Conagua, el 40% del agua se pierde en fugas (UNAM, 2022), lo que demanda un esfuerzo mayor en mantenimiento y modernización de redes. Asegurar que la inversión en infraestructura tenga un impacto real en la reducción de desperdicio será fundamental.
Equidad hídrica y cambio climático: México enfrenta una distribución desigual del agua, el norte sufre sequías severas, mientras que el sureste tiene excedentes. Invertir en proyectos de captación, almacenamiento y redistribución eficiente puede ayudar a equilibrar esta situación. Además, las sequías más intensas y las lluvias impredecibles exigen una planeación flexible y resiliente.
Participación social y vigilancia: La transparencia y el involucramiento ciudadano en la gestión del agua son clave para garantizar que los recursos se utilicen de manera efectiva. Es necesario reforzar mecanismos de monitoreo, asegurar que los programas de denuncia tengan seguimiento y que la toma de decisiones incorpore la voz de comunidades y expertos.
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El Acuerdo Nacional por el Agua es un paso en la dirección correcta y representa una oportunidad histórica para replantear la gestión de este recurso vital. El reto no está en la intención, sino en la ejecución: garantizar que las inversiones se traduzcan en soluciones concretas, que la infraestructura se modernice de manera eficiente, y que la redistribución del agua responda a las necesidades de las comunidades.
México tiene el potencial de construir un modelo de gestión hídrica que combine tecnología, equidad y sostenibilidad. Para lograrlo, se necesita un compromiso continuo de todos los sectores: gobierno, empresas, agricultores y sociedad civil. El camino no será fácil, pero este acuerdo puede marcar el inicio de una nueva era para el agua en México, una en la que la sustentabilidad y el derecho humano al agua sean el eje central de las políticas públicas.
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Nota del editor: Zulma Carballo es Internacionalista y asesora en comunicación corporativa y sostenibilidad, asuntos públicos y gestión de crisis. Doctorante-Investigadora en Ciencias de la Sustentabilidad y Gobernanza del Agua. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.
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