Históricamente, el Infonavit ha funcionado bajo un modelo tripartito que otorga representación equitativa a trabajadores, patrones y gobierno. Este balance ha sido fundamental para garantizar que las decisiones beneficien a todas las partes involucradas. Sin embargo, la reforma destruye este equilibrio al otorgar al gobierno la mayoría en los órganos clave del instituto, como la Comisión de Vigilancia, el Comité de Auditoría y el Comité de Transparencia. Esto no es más que un intento por tomar por asalto la institución y transformar un modelo democrático en otro aparato gubernamental al servicio del Ejecutivo en turno.
Además, se pretende eliminar la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, traspasando esta facultad a la Secretaría de Hacienda. Esto no es una medida técnica, sino un claro retroceso en términos de transparencia y fiscalización. Este cambio abre la puerta a manejos opacos y decisiones políticas discrecionales que podrían poner en peligro los ahorros de la gente.
El gobierno asegura que busca beneficiar a los trabajadores utilizando estos fondos para la construcción de nueva vivienda, pero los hechos dicen lo contrario. Quitar a los trabajadores y patrones la posibilidad de influir en las decisiones del instituto los deja completamente desprotegidos frente a personajes que ya han demostrado su incapacidad para administrar con responsabilidad los recursos públicos, como es el caso de Octavio Romero Oropeza, actual titular del Infonavit, quien dejó desfondadas las finanzas de Pemex mientras estuvo a cargo de la petrolera.
Todos estamos de acuerdo en que México necesita más y mejores opciones de vivienda. Sin embargo, esta reforma no es la solución. Construir vivienda y combatir la corrupción no requiere desmantelar la autonomía de una institución clave ni poner en riesgo los ahorros de los trabajadores. Lo que el Infonavit necesita es fortalecer sus controles internos, garantizar la transparencia y promover modelos de gestión más eficientes que protejan los ahorros de los trabajadores.
La reforma al Infonavit es un ataque directo a los derechos humanos y un retroceso inadmisible en términos de gobernanza institucional. No se puede permitir que el dinero de los mexicanos se convierta en moneda de cambio para proyectos políticos.
