Contra muchos pronósticos, el país no es la catástrofe económica que se vaticinaba hace seis años con la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Su lema de campaña “Por el bien de México, primero los pobres”, calificado de populista, presagiaba dispendio y un manejo irresponsable del erario. No es el caso. Sin embargo, algo no va bien.
#ColumnaInvitada | Es la política, ¡estúpido!
Pese a la ligereza con la que se nombra, el neoliberalismo no es un mito. Dispone el orden global al menos desde los 80.
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Si se reconoce como hito de la transición la alternancia de 2000 y la normalización de los rituales democráticos (elecciones regulares y competidas), hasta 2018 los mexicanos fuimos conducidos por el carril derecho: desregulación, privatizaciones y políticas de austeridad. Pese a la ligereza con la que se nombra, el neoliberalismo no es un mito. Dispone el orden global al menos desde los 80.
En el periodo paralelo al trayecto a la Presidencia de López Obrador, primero como jefe de Gobierno del Distrito Federal, varias democracias regionales con desigualdades graves como Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Nicaragua, Uruguay o Venezuela declararon adoptar valores tradicionales de la izquierda: justicia social, equidad y solidaridad.
Ocupado en la construcción de un Estado constitucional con derechos humanos y un régimen político saludable, el México de la consolidación democrática trazó una ruta alterna que priorizó las prerrogativas cívicas, el desarrollo de instituciones de control y el imperio de la ley: una judicatura más independiente y abierta al derecho internacional, una representación ajustada a la voluntad popular, órganos autónomos y una sociedad civil vigorosa.
El entorno político más abierto dispuso condiciones para la rotación periódica de la primera magistratura del país y el triunfo de López Obrador, entonces el candidato más antisistema, sin ningún problema. Su legitimidad incuestionable era el resultado de un amplio consenso sobre la urgencia de combatir injusticias en un país donde la mitad de la población es pobre.
No se trataba de una causa de revolucionarios trasnochados, sino de derechos inherentes a la ciudadanía. La igualdad exige tratar a todos con la misma consideración y respeto, desmontar privilegios. Los derechos sociales, económicos y culturales seguían siendo tarea pendiente.
Pero existen varios senderos en dirección a esa meta. Se puede estar de acuerdo en los fines y disentir en los medios para lograrlos. Esto no debe provocar sorpresa. En una democracia el diálogo plural es el único modo de resolver las diferencias. Demasiado pronto este espacio fue angostado por Andrés Manuel aun para compañeros de viaje y aliados con una vocación social semejante.
Más allá de filias y fobias, incluso muchos defensores de la idea “Primero los pobres” fueron puestos en el mismo lugar que conservadores y fifís. El presidente polarizó la esfera pública. Quienes lo niegan confunden polarización y desigualdad. Esta preexistía a López Obrador, pero empleó su investidura como ariete contra la crítica. La usó como recurso de una campaña personal y partidista, ilegítima por ser representante de la ciudadanía, y por su artificialidad, ya que, retórica incendiaria aparte, fue cauto en no afectar a los grandes poderes económicos.
Merece la pena ser enfático en este punto: México no se corrió a la izquierda ideológica. No se tiene un Estado de bienestar más fuerte y si algo queda a deber el presidente respecto a su lema de campaña es una reforma fiscal estructural, la mejor herramienta redistributiva. Sin ella es difícil imaginar la sostenibilidad de su misma política social. No gravar en forma progresiva las principales fortunas, finanzas, riqueza y patrimonio es una decisión política.
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Es precisamente el espacio de la representación, participación y deliberación democrática, de la igualdad ciudadana y el interés general, el más dañado. El Estado de derecho y el régimen político muestran signos de debilidad. Los frenos y contrapesos republicanos están en riesgo, sin ser antes perfectos. Mucho tiene que ver la oposición miope y oportunista, pero también un poder judicial asediado, órganos constitucionales constreñidos --como el electoral--- y una opinión polarizada.
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A esto se suma la crisis de violencia que ha dado pretexto para normalizar la militarización de las fuerzas de seguridad e implantar una burocracia paralela en muchas áreas de gobierno vueltas opacas y refractarias a la rendición de cuentas. El reiterado intento de otorgar nuevas atribuciones del ejército ojalá no escondan motivos inconfesables, pero la propuesta reciente de leyes de amnistía indica un retroceso contrario a la lógica de las transiciones democráticas en el mundo.
Es una ironía señalar al zoon politikon que es Andrés Manuel que el fracaso de su gobierno sea de la política y no del ámbito tecnocrático de la economía, aunque persistan dudas sobre su modelo de desarrollo, discusión que llevará todavía un rato. Si me atrevo a observarlo es porque creo que sólo la buena política permite conversar juntos y en libertad sobre todos los temas, como iguales. Ella exige un consenso básico en torno a valores constitucionales, como espacio de entendimiento. A juzgar por el tono de las campañas y los insultos cruzados entre partidos y militantes en cada bando, esto no va nada bien.
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Nota del editor: Alejandro Sahuí es miembro de la Junta Nacional Directiva de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas (AMECIP). Síguelo en . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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