Durante el sexenio que está por concluir, el sector energético experimentó cambios significativos que resultaron en una pérdida de eficiencia. La cancelación de nuevas rondas petroleras y de las subastas de energía a largo plazo, sin la implementación de mecanismos alternativos para la asignación de recursos, contribuyeron al desempeño negativo del sector. A marzo de 2024, la producción nacional de petróleo crudo es 7% menor a la de diciembre de 2018, de acuerdo con información de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y la producción de energía es 26% inferior en comparación con el inicio del sexenio, de acuerdo con información del Inegi.
La urgente necesidad de mejorar la asignación de recursos en energía
La próxima administración enfrenta el desafío de aumentar la inversión en exploración y extracción para compensar la disminución de la producción en los principales campos productores.
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En el sector de hidrocarburos, la apuesta del gobierno fue incrementar la inversión de Pemex en actividades de exploración y extracción, y en ofrecer algunas oportunidades a las empresas privadas a través de contratos de servicios con Pemex mejor conocidos como “Contratos de Servicios Integrales para la Exploración y Extracción” (CSIEE). Sin embargo, de los casi 40 proyectos propuestos bajo este esquema, ninguno tuvo éxito. Los CSIEE no lograron atraer el interés de los inversionistas privados, en especial si consideramos que ya existe una mejor alternativa, que son los contratos de exploración y extracción, pero no se utilizan principalmente por razones ideológicas.
La próxima administración enfrenta el desafío de aumentar la inversión en exploración y extracción para compensar la disminución de la producción en los principales campos productores. Para lograrlo, puede optar por seguir inyectando recursos públicos a Pemex, lo cual podría implicar recortes en otras áreas prioritarias para el desarrollo, como la salud y la educación. Alternativamente, podría reabrir la puerta a la inversión privada para el desarrollo de nuevos campos tanto de manera individual como en asociación con Pemex.
En el sector eléctrico, la administración de AMLO se estrenó cancelando proyectos sin proponer nuevas alternativas. Así, en los primeros meses de la administración, se detuvo y canceló la cuarta subasta de Largo Plazo, se canceló también la licitación de la línea de transmisión de corriente directa Yautepec-Ixtepec y se renegociaron los términos de algunos gasoductos, de manera desventajosa para el Estado en el largo plazo. La afrenta contra las subastas fue más allá de su cancelación. En 2021, se reformó la Ley de la Industria Eléctrica, modificando, entre otros aspectos, el artículo 53 para eliminar la obligación de que CFE Suministro Básico realice subastas eléctricas. Pese a que a inicios de 2024 la Suprema Corte de Justicia resolvió que dicha modificación era inconstitucional, el constante cambio de reglas dañó la confianza de algunos inversionistas.
Hacia adelante, en el sector eléctrico persisten las dudas acerca de cuál será el mecanismo que se utilice para asignar nuevos contratos de cobertura eléctrica en el suministro básico, que es el responsable de que los ciudadanos tengamos “luz” en nuestro día a día. Actualmente, las subastas siguen siendo el mejor mecanismo para disminuir los precios y fortalecer la competencia en el incipiente mercado eléctrico mexicano. Recordemos que las subastas eléctricas de largo plazo permitieron la incorporación de 46 empresas para producir energía en el país y en la tercera subasta se logró un precio de 20.57 dólares por megawatt hora, uno de los más bajos a nivel internacional.
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Hoy, México enfrenta grandes necesidades en materia de energía, impulsadas por una economía en recuperación y expectativas de mayor crecimiento debido al fenómeno del nearshoring. Además, el sector eléctrico presenta un notable rezago en el desarrollo de infraestructura, y el sector petrolero no ha logrado revertir la caída en su producción ni incrementar lo suficiente para abastecer las refinerías sin afectar las exportaciones. Si queremos revertir este atraso y detonar nuevos proyectos para dotar al país de la energía que demanda, necesitamos que las políticas energéticas prioricen una asignación eficiente de los recursos. La seguridad y la soberanía energéticas no se pueden alcanzar con un gobierno que toma decisiones por capricho a costa de la eficiencia.
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Nota del editor: Alberto Quiroz Miranda (@alberto_quirozm) es consultor especializado en el sector energético en Integralia Consultores (@Integralia_mx). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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