2024 se perfila como un punto de inflexión en la historia política de México. Por primera vez, una mujer ascenderá al más alto cargo de la nación, desafiando las barreras del síndrome del impostor y abriendo nuevos horizontes de posibilidad. Sin embargo, lejos de distraernos de los desafíos sistémicos que enfrentan millones de mujeres mexicanas en su vida diaria, este hito histórico debería motivarnos a enfrentar con mayor firmeza los problemas, las violencias y las desigualdades de género.
#ColumnaInvitada | Una presidenta al frente de un país desigual
El ascenso de una mujer a la presidencia puede cambiar poco la cotidianidad de la mayoría de las mujeres si no se transforman de manera integral estructuras clave.
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La desigualdad estructural y la discriminación de género persisten como problemas complejos que requieren acciones decididas y cambios profundos en múltiples áreas para ser superados. Una reciente investigación del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) revela que aún no existen condiciones laborales óptimas para las mujeres en ninguna entidad federativa del país. La falta de información sobre la trayectoria profesional de las mujeres fuera del sector público refleja una falta de interés en el tema. En este rubro, destaca que en México hay un gran rezago en la inclusión de mujeres en puestos de liderazgo entre el sector público (que ha avanzado más) y el privado (que tiene una deuda enorme en esta materia). Asimismo, sabemos que una de las causas más comunes de discriminación laboral es un tema tan elemental como el despido por embarazo.
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Los datos del IMCO, que incluyen indicadores como nivel educativo, embarazo adolescente, formalidad laboral y pobreza, ponen de manifiesto las brechas que también se entrelazan con las violencias de género. Como muchos estudios lo han comprobado, las brechas de desigualdad crean contextos en los que las violencias de género se reproducen y operan con mayor facilidad e impunidad.
Aunado a todo esto, México sigue siendo un país tremendamente violento contra las mujeres y las niñas. De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), México registró 827 feminicidios en 2023 y 959 en 2022. Cabe recordar que el feminicidio es un delito con una cifra negra alta, pues muchas veces las autoridades los registran como homicidios simples, ignorando así las motivaciones de género detrás de los crímenes cometidos contra mujeres. Además, de acuerdo con el Inegi (2021), 41.8 % de las mujeres mexicanas de 15 años o más ha vivido alguna situación de violencia en su infancia.
¿Cómo enfrentará la primera mujer presidenta estos desafíos? ¿Podrá poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas? ¿Aumentarán las probabilidades de que se destinen más recursos y apoyo a políticas públicas con visión de género, como la creación de un sistema de cuidados? ¿Se distinguirá su actuar del de un hombre en la silla presidencial?
La realidad es que el ascenso de una mujer a la presidencia puede cambiar poco la cotidianidad de la mayoría de las mujeres si no se transforman de manera integral estructuras clave, como es el sistema de justicia, y si no se trabaja para la prevención y erradicación de la violencia de género en todos los ámbitos.
Asimismo, una de las aristas que hace complejo el tema es que la violencia y las inequidades también ocurren en el ámbito privado. No es de extrañar que el delito más denunciado es la violencia familiar y, a pesar de que se han registrado miles de muertes violentas de mujeres en los últimos años, sólo una fracción se clasifica como feminicidio, lo que subraya la urgencia de abordar la impunidad y la violencia sistémica contra las mujeres con perspectiva de género feminista.
Desde una perspectiva económica, México enfrenta una brecha de género del 76.5%, según el Índice de Brecha Global de Género 2023 del Foro Económico Mundial, lo que refleja un retroceso desde la posición 31 en 2022. Reducir esta brecha no sólo sería justo, sino también deseable, pues también impulsaría el crecimiento económico, según el Instituto Global McKinsey. A esto hay que sumarle la importancia de iniciativas como dotar de seguridad social a las trabajadoras del hogar, aspecto que también puede generar múltiples círculos virtuosos en la economía.
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Sin embargo, los problemas estructurales no se solucionan de la noche a la mañana. Cerrar la brecha de género a nivel global llevará 169 años según el Foro Económico Mundial de Davos, cifra que era de 135 años antes de la pandemia por el Covid-19.
Así, aunque la llegada de una presidenta puede mejorar la participación política de las mujeres, se necesitará un compromiso genuino con la perspectiva de género feminista y con acciones concretas para lograr un cambio significativo en la vida de las mujeres mexicanas.
En resumen, 2024 marca un hito importante en la historia política de México, pero también destaca la urgencia de abordar los desafíos persistentes que enfrentan las mujeres en el país. Una mujer en la presidencia —que, asumimos, priorizará las políticas con perspectiva de género— es un paso en la dirección correcta, pero se necesitan esfuerzos continuos, voluntad política y un compromiso genuino con la igualdad de género para erradicar las violencias, cerrar las brechas y construir un futuro más igualitario para todas y todos.
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Nota del editor: Ana Vásquez Colmenas (@anavasquezc) es directora del unidad de gobierno en Integralia Consultores (@Interalia_Mx) y autora de ¿Feminista, yo? Guía básica para entender los feminismos y sus debates hoy. Verónica Baz (@VeronicaBaz) es directora de la unidad de bienes de consumo en Integralia Consultores y cuenta con una larga trayectoria en organizaciones de la sociedad civil. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a las autoras.
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