La discusión sobre la crisis hídrica que estamos viviendo en la Ciudad de México parte de algunas certezas: es de las pocas ciudades que cuenta con una fecha estimada en el que el agua dejará de ser suficiente para los habitantes. En este caso, el Día Cero está sentenciado para el 26 de junio de 2024 .
#ColumnaInvitada | Escasez en la CDMX: falta de agua y de política pública
Carecemos de programas actualizados para remediar una crisis que se agrava cada día, programas cuya actualización corresponde a SEDEMA y SACMEX; no tenemos agua ni tampoco plan para llegar a tenerla.
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El sistema Cutzamala, abastecedor de un tercio del agua de la ciudad, se encuentra en sus niveles históricos más bajos y en la zona de aguas del valle de México se concesiona más agua de la que se dispone. Exactamene un 141% más, según datos de la Comisión Nacional del Agua .
La problemática ha inundado la vida cotidiana de las y los capitalinos, especialmente para la población en condiciones de vulnerabilidad: se ve en estos días aguachicoleo, tandeo por pipas, fugas, desabasto y sobreexplotación. La crisis hídrica ha trascendido a la vida social y el descontento no se ha dejado esperar en forma de manifestaciones y bloqueos por falta de agua . La situación nos obliga a preguntarnos ¿Qué podemos hacer?
La constitución de la CDMX dirige la pregunta al gobierno de la ciudad, responsable de garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento en la capital. En ese sentido, su respuesta debería plasmarse en una política hídrica que contemple programas que se ajusten a la situación de emergencia. Sin embargo, también tenemos una escasez de programas para atender la crisis.
La obligación de elaborar dichos programas se encuentra en la Ley de Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México (Ley de Aguas de la CDMX). Por ejemplo, contempla diversos instrumentos de política hídrica, como el Programa de gestión integral de los recursos hídricos y servicios hidráulicos (artículo 22), un programa para el uso eficiente y ahorro del agua que, entre otras cosas, debe contener las metas anuales de reducción de pérdidas, que es un elemento crucial para monitorear la crisis hídrica (artículo 26), así como prever la utilización de aguas superficiales, pluviales y subterráneas, y las medidas que los usuarios del agua y los prestadores de servicios deben adoptar. Todo esto, a partir de un diagnóstico de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua.
Dichos programas deben ser elaborados y actualizados por la Secretaría de Medio Ambiente y el Sistema de Aguas, conforme a la Ley de Aguas. Sin embargo, aunque dichos instrumentos deberían plantear metas anuales, resulta que estos no se han actualizado oportunamente: el primero se publicó por última vez en 2016, a mediados del sexenio 2012-2018, mientras que el segundo se publicó por última vez en 2012, a finales del sexenio 2006-2012.
En otras palabras, carecemos de programas actualizados para remediar una crisis que se agrava cada día, programas cuya actualización corresponde a SEDEMA y SACMEX. O sea que no tenemos agua ni tampoco plan para llegar a tenerla.
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Además, de acuerdo con información de la Plataforma Nacional de Transparencia, en 2019 el SACMEX otorgó un contrato para la elaboración y actualización del Programa de Gestión Integral de los Recursos Hídricos de la Ciudad de México para el periodo 2019-2024. Dicho contrato fue asignado de manera directa a una persona moral con la razón social “Consultoría y Estudios S.C.” por un monto de 3,192,420.85 pesos. Sin embargo, ya es 2024 y aún no ha sido publicado, a pesar de que su vigencia sería para el periodo 2019-2024. Es decir, incluso si se llegara a publicar pronto, solo sería aplicado por una fracción del tiempo contemplado, tornándose prácticamente inoperante .
En resumen, en la capital de México tenemos escasez de agua y de soluciones, además de fugas de agua y de presupuesto. La falta de programas y la aplicación de políticas hídricas ahora se enfrenta a un periodo de sequía institucional provocado por el año electoral y la transición política que se avecina.
Mientras esto ocurre, la situación continuará agravándose, lo que pone en riesgo la garantía del derecho humano al agua y saneamiento de todas las personas, en particular de quienes mayores dificultades enfrentan para acceder al agua.
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Nota del editor: Alberto Alarcón Gómez es egresado de la licenciatura en derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); Abogado del Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA). Síguelo en X ( @_AlbertoAlarcon ). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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