El diseño institucional del INE, al separar la función de gobierno y dirección, de la actividad operativa, tiene por objeto que las funciones técnicas y ejecutivas se mantengan “alejadas”, en la medida de lo posible, de las relaciones de poder que se generan por la propia dinámica de la conformación del Consejo General.
El punto está en que las personas titulares de los órganos ejecutivos y técnicos deben ser aprobados por el Consejo General, con una votación calificada de cuando menos ocho votos de las propuestas que formule la presidencia del Consejo.
El caso de la secretaría ejecutiva es sumamente relevante, por el cúmulo de atribuciones de carácter administrativo que conjuga. Además de fungir como secretario del Consejo General, la persona titular tiene la representación legal del Instituto y aún más relevante “coordina la Junta General, conduce la administración y supervisa el desarrollo adecuado de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto”. Estas, y muchas otras atribuciones, han propiciado que la designación de la secretaría ejecutiva no siempre haya sido un proceso terso, casi todas las integraciones del IFE-INE han tenido problemas para procesar su designación.
La primera integración del “IFE-Woldenberg” designó como secretario ejecutivo al muy priista Felipe Solís Acero, quien, apenas un año y medio después, tuvo que presentar su renuncia debido a que algunos consejeros consideraban inaceptable su cercanía con Emilio Chuayfett, entonces secretario de Gobernación.
La renuncia dejó al IFE sin secretario ejecutivo por espacio de tres meses, hasta la designación de Fernando Zertuche Muñoz, cuya designación no estuvo exenta de objeciones y no fue aprobada por unanimidad. Otro conflicto se dio durante la presidencia de Luis Carlos Ugalde, quien propuso a María del Carmen Alanís Figueroa, entonces Directora de Capacitación Electoral y Educación Cívica del mismo IFE. Desde su designación, el nombramiento de Alanís fue cuestionado por la entonces consejera Lourdes López, quien acusó que no se había seguido un proceso transparente para su designación.
Ugalde y Alanís no se entendieron y al cabo de poco más de un año presentó su renuncia al cargo. En su carta de renuncia acusó al entonces consejero presidente de una “injerencia constante en los asuntos técnico administrativos que son competencia legal exclusiva de la Secretaría ejecutiva... se ha convertido en un obstáculo para el sano desempeño de la institución". Alanís terminó “cayendo para arriba”, meses después de su salida del Instituto, fue designada magistrada del TEPJF y se convertiría en una de las pocas presidencias que concluiría su periodo de cuatro años.
Como se ve, una tras otra, cada integración del IFE-INE sigue sin poder procesar estos temas sin sobresaltos (la de Lorenzo Córdova no fue la excepción), la autoridad electoral sigue entrampada en el mismo laberinto; anteponiendo los nombres y las lealtades a los perfiles; permea la visión patrimonialista y feudal de la función pública, se piensa de forma muy equivocada, que los integrantes de la estructura ejecutiva del INE deben ser “personas de confianza” del presidente en turno.
Guadalupe Taddei estaba entrampada en su propio laberinto, negándose a proponer perfiles con trayectoria, personal y profesional, que generaran consensos al interior del propio instituto, pero sobre todo, que generaran confianza en la sociedad en general. En eso estábamos cuando los partidos oficialistas salieron al quite de la presidenta e impugnaron un acuerdo aprobado por una mayoría de consejeros para ordenar (no limitar) las facultades de propuesta de la presidenta.
