Primero
Nos encontramos con una errática política energética, constantes intentos de modificar el marco legal e incertidumbre regulatoria. Asimismo, se suma la ineficiencia de los órganos reguladores del sector en dos áreas: i) una Comisión Reguladora de Energía (CRE) obstaculizando la obtención de permisos de generación de electricidad, paralizando el crecimiento del sector y la instalación de capacidad de generación limpia; y ii) la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente que ha sido omisa en supervisar y sancionar particularmente a Pemex por sus crecientes emisiones de metano.
Segundo
Tenemos la emisión de instrumentos de política de forma tardía, hasta el quinto año de gobierno, que ya no serán implementadas en esta administración. Un caso es el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2020-2024, que no fue publicado sino hasta febrero de este año y que, entre otras cosas, plantea diversos objetivos en materia de ahorro de energía y eficiencia energética, mientras que dos meses después el Gobierno Federal propuso la desaparición de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) como organismo desconcentrado para ser absorbido y convertido en una unidad administrativa de la Sener.
Por otro lado, la Semarnat propuso apenas en junio de este año una Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica (ENME), aún pendiente de ser publicada, como un instrumento de política pública con el objetivo de crear condiciones e incentivos para realizar una transición ordenada y equitativa hacia una movilidad eléctrica de bajas emisiones, estableciendo metas hacia las siguientes tres décadas. México enfrenta el desafío de impulsar la movilidad sostenible, por lo que es necesario fomentar la adopción de vehículos eléctricos y promover opciones de transporte público limpio y eficiente. Sin embargo, esto requiere, entre otras cosas, inversiones en infraestructura de carga, incentivos fiscales y una planificación urbana que priorice modos de transporte sostenibles.
La electromovilidad es un medio para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; sin embargo, la ENME la plantea como un objetivo sin tomar en cuenta, por ejemplo, metas que aborden las emisiones en todo el ciclo de vida de los vehículos, incluyendo la electricidad que requieren. En este sentido, la Estrategia tampoco plantea acciones para fomentar la generación de energía a través de fuentes limpias.
Tercero
Finalmente, destaca que el gobierno mexicano no sólo ha desdeñado la nueva inversión en materia de generación limpia y no ha dado la importancia necesaria a las políticas públicas en materia de transición, sino que ha buscado eliminar órganos clave para la transición energética. Ya se mencionaba el caso de la CONUEE, al que se sumó (en la misma iniciativa presentada por el Ejecutivo) el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático para convertirlo en una unidad administrativa de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Todos estos retrocesos han afectado el camino hacia la transición energética del país, lo que quedó plasmado en el ranking de Transición Energética del Foro Económico Mundial: de situar a México en el lugar 37 en 2019, recientemente lo colocó en el lugar 68 debido al cumplimiento deficiente de las metas establecidas por el organismo. Este es un reflejo de los retos que enfrenta el país en su camino hacia una transición energética más diversa y sostenible.
