El debate sobre la biotecnología y la innovación agrícola se ha intensificado en todo el mundo durante los últimos años y México no es la excepción.
En nuestro país, la política agrícola del actual sexenio se ha enfocado en dar apoyos a los pequeños productores y comunidades rurales, ignorando cualquier idea vinculada a mejorar la productividad y avanzar en materia de tecnificación. Lo anterior tiene lógica desde una perspectiva política e ideológica, pero no técnica y científica.
Con este trasfondo, el gobierno mexicano decidió prohibir, mediante un decreto, el uso de maíz transgénico u organismo genéticamente modificado (OGM) y sustituir gradualmente el uso de glifosato —el herbicida más utilizado en el mundo— para 2024. Esto detonó que la Oficina de la Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) solicitara, el pasado 6 de marzo, iniciar formalmente las consultas técnicas sobre productos de biotecnología agrícola al amparo del T-MEC, en particular, del Capítulo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF).
El 31 de diciembre de 2020, el gobierno mexicano publicó el decreto que establecía la sustitución gradual del uso de glifosato y la prohibición del uso del maíz OMG. Luego de repetidas quejas por parte de organizaciones de productores y congresistas —principalmente del estado de Iowa, con fuerte peso político por su pujante sector agropecuario—, en diciembre de 2022, ambos países acordaron que se podría importar maíz amarillo de Estados Unidos a México hasta enero de 2025 (sin incluir el destinado a consumo humano).
Posteriormente, el 30 de enero de 2023, nuestro vecino del norte envió una solicitud formal por escrito a México para obtener “una explicación de los motivos” y pruebas “científicas” para fundamentar las prohibiciones, así como las “evaluaciones de riesgo” que respaldan las medidas relativas a la prohibición de productos biotecnológicos. La carta establecía como fecha límite para ser respondida el 14 de febrero.
Para atemperar —sin éxito— las quejas de Estados Unidos, el 13 de febrero de 2023, el gobierno mexicano publicó un nuevo decreto. Éste permite expresamente la importación de maíz OGM para forraje e industria, y establece un periodo paulatino para la prohibición total del glifosato del 14 de febrero al 31 de marzo del 2024. Asimismo, determina que será la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) quien integrará un protocolo de investigación conjunta para que se realice un estudio sobre el consumo del maíz OGM y los posibles daños a la salud.
Como respuesta, el 15 de febrero de este año, legisladores estadounidenses expresaron nuevamente su desaprobación a las políticas agrícolas mexicanas, mediante una carta dirigida a la representante Comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, en la que argumentaron que éstas causarían graves perjuicios a sus agricultores.
El 24 de febrero de 2023, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, y la representante Tai sostuvieron una reunión virtual con el objetivo de dialogar respecto al nuevo decreto sobre maíz. En esa reunión, la funcionaria mexicana reiteró que el decreto aporta certeza regulatoria; sin embargo, cuatro días después, Sam Michel, vocero de la USTR, respondió a la carta señalando que el decreto no tiene un sustento científico.
Desde el 6 de marzo, México cuenta con 30 días antes del inicio formal de las consultas para ponerse de acuerdo con Estados Unidos.
Hasta ahora, el gobierno mexicano no ha dado razones técnico-científicas para justificar sus decisiones comerciales, por lo que es improbable que en un futuro pueda ofrecer un estudio válido que sustente estas decisiones.
En diversas ocasiones, tanto Raquel Buenrostro como Víctor Villalobos, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), han descartado la posibilidad de llegar a paneles de solución de controversias y consideran que el conflicto se resolverá durante los comités técnicos.
No obstante, si el gobierno federal insiste en mantener su visión prohibitiva en esta materia, la probabilidad de llegar a paneles se vuelve prácticamente inminente. Por ende, no se descarta la posibilidad de que, una vez que finalice el panel de solución de controversias, Estados Unidos tome represalias e imponga un arancel a las principales agroexportaciones mexicanas.
Incluso, el 9 de marzo, Canadá se sumó a la petición de Estados Unidos. Ottawa expresó su preocupación ante la posibilidad de que México imponga prohibiciones arbitrarias a la agricultura producida con biotecnología.
Por otra parte, si México tiene éxito en el panel, podría sentar un precedente negativo a nivel internacional, ya que otros países podrían tomar decisiones restrictivas y sin evidencia científica sobre productos agrícolas, alterando el comercio internacional.
El campo mexicano atraviesa un sinfín de problemas estructurales que, aunados a los dilemas políticos e ideológicos actuales, le han impedido modernizarse y tecnificarse. Las controversias en el marco del T-MEC en materia agrícola tienen el potencial de escalar y complejizar, aún más, la relación entre México y Estados Unidos. Sin embargo, es probable que, conforme se acerque la fecha de las elecciones presidenciales, la atención del gobierno federal hacia las prohibiciones disminuya.
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Nota del editor: Luis Felipe Villaseñor Alvahuante (@LuisFelipeVA) es consultor especializado en el sector primario en Integralia (@Integralia_MX). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
