Sin exagerar, se trata, quizá, de una de las mejores oportunidades económicas que ha tenido el país desde que se firmó el TLC en el ya muy lejano 1993. Frente a ello, surge la pregunta de si el país está preparado para capturar a plenitud semejante oportunidad. Mucho se ha dicho y escrito al respecto: para aprovechar cabalmente el nearshoring se requiere resolver temas como la garantía de abasto suficiente y limpio de electricidad, agua y tierra; atender los cuellos de botella en infraestructura y logística en el Norte, Occidente y Centro del país; atacar los todavía altos niveles delictivos que sufre México; otorgar certidumbre jurídica (regulatoria, fiscal y legislativa); resolver los diferendos comerciales con Estados Unidos y Canadá; así como atender los insuficientes niveles y calidad de la mano de obra.
Cada obstáculo tiene sus propias consideraciones y retos, algunos de carácter estructural más que otros. Existe, sin embargo, un vaso comunicante en todos los obstáculos potenciales al nearshoring: la política. En mi opinión, son y serán decisiones de carácter político las que determinarán el curso —lento o acelerado, modesto o relevante— del nearshoring durante los próximos años.
El riesgo político —las acciones, decisiones u omisiones del gobierno que pueden impactar adversamente la expectativa de retorno de inversionistas y la rentabilidad de empresas— suele ser desdeñado o simplemente ignorado por muchas empresas. Pero siempre está ahí, en mayor o menor medida. Hoy, en México, el factor político está más presente que nunca.
Vuelvo entonces a la pregunta inicial: ¿podrá México aprovechar cabalmente la enorme oportunidad que representa el nearshoring? Dependerá, en buena medida, de la política. Para atender el problema de insuficiencia energética, ¿estará dispuesto el actual gobierno y sobre todo el siguiente a dar un viraje a su política energética, para así garantizar el suministro necesario y de calidad a los nuevos participantes? En materia regulatoria, ¿podrán ofrecer el gobierno federal y los gobiernos estatales mayor certidumbre regulatoria, fiscal y legislativa?
