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#ColumnaInvitada | Ataques del Poder Ejecutivo al Judicial persistirán en 2023

La ministra presidenta Piña Hernández enfrenta el reto de reconducir la autonomía e independencia del PJF y equilibrar la relación con el Poder Ejecutivo federal.
jue 12 enero 2023 06:00 AM
Norma Lucía Piña Hernández
El relevo en la presidencia de la Suprema Corte, con la ministra Norma Lucía Piña, es una buena noticia para la independencia judicial dadas las frecuentes y públicas presiones gubernamentales, apunta Juan Manuel Ureiro.

Como cada enero, Integralia Consultores publica su reporte sobre los principales 10 riesgos políticos para la estabilidad democrática y el entorno de negocios del país, durante el año que recién comienza. Como en ediciones anteriores, aplica una metodología propia a fin de evaluar el impacto potencial y la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los riesgos que presentamos, con base en indicadores cuantitativos y cualitativos. Es muy importante decir que la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo es diferente y que en el transcurso del año el nivel de impacto y ocurrencia también pueden variar.

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La mayoría de los riesgos que presenta guardan relación, en mayor o menor medida, con un hecho: que este sexenio ha ingresado, para todos los efectos prácticos, en su recta final, lo que puede derivar en una mayor radicalización del presidente López Obrador. El propósito fundamental de esta radicalización consistiría en asegurar, por todos los medios necesarios, el triunfo electoral de un cuadro que garantice la continuidad del proyecto político de AMLO en 2024.

Se prevé que, en los meses que le restan a la presente administración, atestiguaremos la puesta en marcha de diversas acciones para mantener en situación de debilidad a los contrapesos del Poder Ejecutivo federal, llámense oposición, autoridades electorales, legisladores federales y locales, entre otros.

En este tenor, se espera que los embates retóricos y las presiones políticas contra el Poder Judicial de la Federación (PJF), singularmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), persistirán en 2023, dada la pretensión del actual gobierno federal para que no sean desechadas leyes, decretos y acuerdos cuya constitucionalidad es objeto de duda y controversia. Se trata de asuntos como la recientemente aprobada reforma electoral, la militarización de la seguridad pública, las políticas de austeridad o temas relacionados con el magisterio, por citar solamente algunos ejemplos.

El contexto interno del PJF cambió recientemente tras el fin de la presidencia del ministro Arturo Zaldívar y la llegada de la ministra Norma Lucía Piña Hernández para presidir la SCJN y el Consejo de la Judicatura Federal. El relevo es una buena noticia para la independencia judicial dadas las frecuentes y públicas presiones gubernamentales y la manera en que éstas serán o no respondidas cuando se presenten nuevamente. Sin embargo, no descartamos que estos ataques reputacionales continúen cuando se toquen temas relevantes para el oficialismo, como se anticipa que ocurra en este año que comienza. Posiblemente los agravios no se dirijan contra la ministra presidenta directamente, pero sí, en cambio, contra el PJF o la SCJN en su conjunto.

Por ello, el riesgo de embates y presiones contra el PJF adquiere una nueva relevancia. La ministra presidenta Piña Hernández enfrenta el reto de reconducir la autonomía e independencia del PJF y equilibrar la relación con el Poder Ejecutivo federal, luego de una presidencia como la del ministro Zaldívar que fue criticada por la cercanía con el presidente López Obrador y por su inacción frente a los ataques verbales contra el PJF y algunos de sus integrantes. En este sentido, se anticipa que la nueva presidencia tendrá una postura más sobria y autónoma que la de su antecesor: no de conflicto, sino de defensa de la división de poderes.

 

En síntesis, la llegada de la ministra Piña a la presidencia de la Corte es una buena noticia para la división de poderes y la independencia judicial, pero no es suficiente para que cesen las presiones políticas sobre el PJF. Puesto que la SCJN tiene pendiente revisar varios asuntos de importancia estratégica para el oficialismo, es previsible que los embates retóricos y la injerencia política sobre el Poder Judicial continuarán en 2023.

Junto con los otros nueve riesgos principales que Integralia Consultores anticipa para este 2023, como los embates contra las autoridades electorales del país, la intervención del crimen organizado en los procesos electorales, las tensiones comerciales con Estados Unidos y Canadá en el marco del T-MEC y la creciente militarización del país, los posibles ataques contra el Poder Judicial hacen prever que será un año de riesgo político alto para México.

Nota del autor: El reporte completo se puede consultar en el sitio web de Integralia (https://integralia.com.mx/web/) o en Twitter: @Integralia_Mx

Nota del editor: Juan Manuel Ureiro (@ManuelUreiro) es consultor especializado en la Suprema Corte y el Poder Judicial en Integralia. Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

 
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