La postura presidencial limitará el margen de maniobra de los secretarios de Economía y Relaciones Exteriores, Tatiana Clouthier y Marcelo Ebrard, quienes estarán al frente de la delegación mexicana en la negociación.
Las consultas iniciarán formalmente hoy, 23 de agosto, y México enfrenta una importante encrucijada. Por un lado, la única manera de tratar de solventar algunos reclamos sería a través de modificaciones regulatorias o legales, cuyo costo político no es aceptable para el gobierno del presidente López Obrador. Por otro lado, las autoridades mexicanas del sector energético carecen de credibilidad, luego de reiteradas acciones anticompetitivas en contra del sector privado nacional e internacional.
En este orden de ideas, aún si se llevan a cabo modificaciones legales y/o regulatorias, su implementación depende de la voluntad del gobierno mexicano, que ha demostrado en repetidas ocasiones, a través de las autoridades del sector energético, que éstas no siguen ni aplican el marco regulatorio y legal vigente. Por tanto, los empresarios y el gobierno estadounidenses saben que no existen garantías de cumplimiento en el sector energético con un acuerdo de buena voluntad.
Adicionalmente, en Estados Unidos existe un respaldo político bipartidista para exigir el cumplimiento cabal del T-MEC por parte de México, por lo que es previsible que tanto legisladores como representantes del sector privado ejerzan presión sobre la administración de Biden para no ceder durante el proceso de consultas, a menos que lo que ofrezca México sea suficientemente potente y creíble.
Ante este escenario, ¿puede ofrecer México algo para resolver la controversia en el proceso de consultas? Tanto la postura del presidente López Obrador como las acciones requeridas para modificar la política energética de México, de forma que se puedan atender las inquietudes de Estados Unidos y Canadá, dificultan la posibilidad de alcanzar un acuerdo durante las consultas.
El gobierno de México no ha dado señales de estar dispuesto a dejar sin efectos la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, de modificar disposiciones de la CRE y ni de revertir la cancelación de permisos por parte de la Secretaría de Energía. Por ende, hoy en día la disputa comercial apunta más hacia la eventual conformación de un panel para la solución de controversias.
