Lo natural, en estos tiempos de violencia en México, sería hablar aquí del horror que se ha vivido en los últimos días en varias zonas de México, que parecen tomadas por el crimen organizado en una espiral que no comenzó en este gobierno pero que, en varios sentidos, parece haberse agudizado.
Pero, por increíble que parezca, hay una crisis que, aunque no sea de la urgencia estridente de la inseguridad, tendrá consecuencias todavía más funestas para el futuro del país.
Es la crisis de la educación.
Sobran los indicadores que sugieren que en México los niños no aprenden como deberían y, por lo tanto, no encuentran las puertas que necesitan para evadir destinos trágicos.
Difícil imaginar una prioridad más grande para este gobierno, que lleva la bandera de la protección de los que menos tienen como estandarte principal. De ahí que sea tan lamentable y sorprendente que el presidente de México haya optado, una vez más, por otorgarle el puesto más importante en la gestión de la educación pública en México no a un especialista sino a un operador político.
Si hay una encomienda que merecería estar alejada de la marea política, esa es la dirección de la SEP.
No sobra apuntar que Andrés Manuel López Obrador no es el primer presidente en utilizar ese puesto como palanca política.
No es el primero que lo degrada otorgándoselo a un operador político, pues. Pero este caso es más grave, y no por otra cosa más que por la misión de regeneración moral que el propio presidente ha prometido hasta la saciedad. No hay tal renovación sin una educación generosa, universal y de calidad.
Eso lo sabía Andrés Manuel López Obrador antes de llegar a la presidencia. Qué pena que lo haya olvidado en aras del poder.
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