Un total de 10 hombres permanecen atrapados en la mina de carbón que se derrumbó en Sabinas, Coahuila. El presidente López Obrador estuvo presente en la localidad y se reunió con las familias de los mineros.
Aunque fue enfático al señalar que en este momento la prioridad es rescatar con vida a las personas que permanecen sepultadas, la Fiscalía General de la República informó que abrirá una carpeta de investigación por posibles delitos federales vinculados con el colapso de la mina.
Para tal efecto, la dependencia ha solicitado información a diferentes dependencias del gobierno federal, las cuales deberán exhibir el funcionamiento de la citada mina. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) deberá informar sobre el número de trabajadores registrados en la unidad extractiva. También ha hecho requerimientos tanto a la Dirección de Protección Civil municipal y la Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila para que exhiban los informes sobre las inspecciones de seguridad laboral que se hayan practicado.
De la misma forma, entre estas solicitudes, tendrá especial relevancia la información que proporcione la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) por las diligencias que hayan realizado para verificar potenciales riesgos en la mina. No olvidemos que la STPS es la responsable de la supervisión de las condiciones laborales, en todas las empresas del país, incluida ésta.
Por su parte, la Secretaría de Economía (SE) es la encargada de revisar que todas las empresas mineras cumplan con la normatividad vigente, de procurar que cumplan con las obligaciones a las que están sujetas por sus concesiones y que estén en regla en su operación cotidiana.
Adicionalmente, el SAT, la Procuraduría Agraria o la Conagua, junto con las dependencias estatales, tendrían conocimiento por sus áreas de trabajo. No hay excusa para que este amplísimo entramado institucional (federal, estatal y municipal) no haya proporcionado información sobre quién es el dueño de la mina. Parecería que se está protegiendo a alguien.
Por encima de las responsabilidades coyunturales, este terrible percance exhibe problemas estructurales del Estado mexicano en su conjunto. Tragedias como la ocurrida en 2006 en la mina Pasta de Conchos, donde fallecieron 65 personas a causa de una explosión, evidenciaron que desde hace muchísimos años faltan medidas de seguridad y señalización para evitar accidentes.
La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló en 2018 estos problemas e incluso publicó que las autorizaciones en muchos casos eran irregulares y se saltaban los permisos de impacto ambiental o de usos de suelo.
Como ocurre en este tipo de situaciones, de inmediato surgieron las voces de actores, como el senador morenista Napoleón Gómez Urrutia, que exigen el inmediato deslinde de responsabilidades. Habría que recordarle al también líder sindical minero que no ha hecho nada para resolver este problema en décadas.
También las de políticos como el panista Marko Cortés, quien inmediatamente se lanzó contra el gobierno por “desatender el derrumbe minero de Sabinas”. Será necesario que el dirigente lea el reporte de la CNDH, que da cuenta de que poco o nada se hizo durante el sexenio de Calderón respecto a este asunto, después de la desgracia del 2006.
En resumen, lo ocurrido en Sabinas nos recuerda que ni los gobiernos federal, estatal (priista por cierto, en este caso) o municipal, un organismo autónomo, senadores o partidos políticos, fueron suficientes para evitar que hoy 10 personas estén sepultadas y sus familias afligidas. La #SociedadHorizontal tiene en este terrible suceso de lo mucho que debemos cambiar para que el aparato del Estado mexicano realmente funcione en beneficio de la gente.
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Nota del editor:
El autor es abogado y economista, fue diputado federal, senador de la República y aspirante a una candidatura independiente a la Presidencia.
Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.