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#ColumnaInvitada | El sistema de cuidados y la corresponsabilidad social

Implementar y regular una política de cuidados es una obligación del Estado, pero eso sólo será posible si se cuenta con la concientización y la participación del sector privado.
jue 07 julio 2022 06:01 AM
covid 19
En algún momento de nuestras vidas, todas las personas necesitamos de apoyo y cuidados, especialmente niñas y niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónico-degenerativas, apunta Claudia S. Corichi.

El 18 de noviembre de 2020, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el dictamen por el que se reforman los artículos 4° y 73 de la Constitución Política, en materia del Sistema Nacional de Cuidados. El Senado de la República recibió la Minuta un día después para su análisis, sin que hasta la fecha haya sido discutida.

La propuesta eleva a rango constitucional el derecho a cuidar y ser cuidado y otorga facultades al Congreso de la Unión para que expida la Ley General del Sistema Nacional de Cuidados en el ámbito de sus respectivas competencias en los tres órdenes de gobierno. De esta forma se tendrá una normatividad integral en materia de cuidados.

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¿Qué son los cuidados? En algún momento de nuestras vidas, todas las personas necesitamos de apoyo y cuidados, especialmente niñas y niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónico-degenerativas, además de personas con limitaciones físicas o mentales permanentes que requieren de la ayuda de otras personas.

Desafortunadamente ha habido una asignación asimétrica de esta carga de trabajo sobre nosotras las mujeres, que resulta en un incremento de las tareas domésticas no remuneradas. La sobrecarga de estas tareas muchas veces hace incompatible la rutina con empleos formales orillando a las mujeres a desempeñarse en la informalidad. Las labores domésticas y los cuidados se empalman y hacen difícil la disponibilidad de contar con tiempo para buscar un empleo.

El trabajo doméstico no remunerado es fundamental en la economía nacional. De acuerdo con el Inegi, durante 2020 el Trabajo no Remunerado de los Hogares (trabajo doméstico y de cuidados en el hogar) fue equivalente al 27.6% del PIB nacional (6.4 billones de pesos).

En su comparación por sexo, en el trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar, las mujeres reportamos 30.8 horas promedio a la semana mientras que los hombres registraron 11.6 horas.

Esta situación está generando crisis social y frenando el desarrollo. Los cuidados podrían aligerarse y redistribuirse si los propios integrantes de la familia, las empresas, el Estado y la sociedad, estuvieran sensibilizados y participaran de forma activa y responsable, y si se les proveyera de infraestructura y servicios públicos. Se estima que en México el número de hogares tutelados por mujeres alcanza el 25% que, en su mayoría, no tienen ninguna posibilidad de generar ingresos permanentes.

Debido al confinamiento durante la pandemia, fuimos las mujeres quienes contribuimos al sostenimiento de la economía por la sobrecarga de actividades y labores que implicó atender y cuidar a todas y todos los integrantes de la familia; fuimos las más afectadas por la pérdida de empleo tanto en el sector formal como informal y en áreas de uso intensivo de mano de obra femenina.

La incorporación de las mujeres al mercado laboral en igualdad de oportunidades generaría círculos virtuosos: los hogares que ellas encabecen contarían con ingresos adicionales que mejorarían la economía familiar y se reduciría gradualmente la brecha salarial. Aunado a ello, el empoderamiento económico contribuye a la disminución de la violencia de género económica.

Es cierto que implementar y regular una política de cuidados es una obligación del Estado, pero eso sólo será posible si se cuenta con la concientización y la participación del sector privado para alcanzar ese propósito como un aliado estratégico.

La corresponsabilidad social involucra a cuatro actores principales: el Estado, el mercado laboral, la comunidad y las familias, que en conjunto deben garantizar la reproducción y la provisión de bienes y servicios a la sociedad, en particular, los relacionados con el derecho de las personas de satisfacer las necesidades de atención y cuidados de quienes integran los hogares.

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En las empresas, esa tarea recae en aquellas que son socialmente responsables porque asumen la ética, la inclusión y la igualdad como compromisos ineludibles de su crecimiento. Ello es importante pero no suficiente: necesitamos más empresas y cámaras empresariales comprometidas con las mejores causas.

La aportación de la iniciativa privada puede orientarse a la contratación con perspectiva de género, a la instalación de ludotecas, guarderías, lactarios, estímulos de productividad, flexibilidad de horarios, teletrabajo y ahorros. En contraste, cada mujer que abandona su puesto de trabajo y que cuenta con capacitación y experiencia, sin duda representa una pérdida que se contabiliza para la empresa.

Resulta imperativo contar con un Sistema Nacional de Cuidados para que el Estado garantice el derecho al cuidado digno con base en el principio de corresponsabilidad entre actores sociales; se trata de reconocer el trabajo no remunerado que diariamente realizan millones de mujeres y de hacernos cargo como sociedad de contabilizar y valorar esa contribución, así como redistribuir esas labores y saber que en ello, iniciativa privada, gobierno y sociedad debemos estar comprometidas y comprometidos.

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Nota del editor: la autora es titular de la Unidad de Igualdad de Género y Cultura de la Fiscalización de la ASF.

Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.

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