#ColumnaInvitada: En cannabis, el cambio viene de abajo-arriba

Afortunadamente, lo que no se mueve en el escaparate nacional parece que avanza en los escenarios locales y estatales. En ellos vemos una oportunidad ya que existen movimientos potentes además de contextos políticos más favorables para la agenda a favor de los derechos humanos.

Por lo pronto, algunos estados y municipios han comenzado a trazar una ruta alternativa, y desde #RegulaciónPorLaPaz hemos seguido de cerca estos esfuerzos. A continuación, repasamos algunos ejemplos que, esperemos, puedan inspirar mayores cambios en otras partes del país.

Inspirado en las reformas estatales en Estados Unidos, en junio de 2021, el Gobernador de Baja California propuso una iniciativa de ley para autorizar el uso medicinal y adulto de la cannabis , contemplando tres tipos de impuestos y una agencia regulatoria a nivel estatal.

Mayores de 18 años podrían participar en el mercado siempre, al igual que extranjeros que acreditaran su residencia con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se prohibía el consumo en lugares públicos, en vehículos, el transporte público y en la presencia de menores de edad. La propuesta impulsaba establecimientos autorizados pero sin publicidad, y solamente a mil metros de distancia de metros, escuelas, lugares religiosos y lugares de eventos.

Después de anunciar este hecho “histórico”, ahí quedó parada la iniciativa. Algunos dirían que fue un periodicazo nada más, mientras otros sabían que no es viable regular el mercado de cannabis a nivel estatal, ya que es la Ley General de Salud y el Código Penal Federal las que determinan qué se puede y no hacer.

La regulación de estas actividades no está en la competencia estatal, sino federal. Por eso, el gobernador debió haber empezado emitiendo una orden directa a policías estatales y municipales para no continuar deteniendo a personas por posesión simple como una primera acción. Lo que sí fue claro en este caso es el interés que despertó, y cómo los medios anunciaron la iniciativa como una opción cuando nunca lo fue. La vía de Estados Unidos no será nuestro futuro, aunque anhelamos la posibilidad.

Un segundo caso es el cabildo de Oaxaca de Juárez, la capital de aquel estado, el cual discute el consumo de cannabis en espacios públicos como consecuencia tanto de las detenciones arbitrarias sufridas por activistas cannábicos después de manifestaciones afuera del palacio municipal, como del establecimiento de un plantón en uno de los principales parques de la Ciudad, “El Llano”.

Lee más

voces

#ColumnaInvitada | Regulación del cannabis: un pendiente legislativo

A semejanza del Plantón 420 que se encuentra fuera del Senado de la República, su principal objetivo es el respeto al libre desarrollo de la personalidad reconocido por la Suprema Corte (SCJN) en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad.

A partir de las detenciones se entablaron mesas de trabajo para buscar la conciliación entre los activistas y la alcaldesa municipal, Flor Estela Morales Hernández. En la primera mesa se reconoció que el reglamento de policía municipal no sanciona el consumo de cannabis en vía pública sino la acción genérica de fumar en lugares donde esté prohibido. En el segundo espacio de diálogo se firmó un exhorto a las policías para que dejen de detener personas que consuman en vía pública.

Dicho exhorto, así como la presencia de activistas en “El Llano” llevó a la regidora de Derechos Humanos, Mirna López Torres a presentar un punto de acuerdo para declarar todos los parques de la Ciudad espacios libres de humo de cannabis, además de plantear modificaciones al reglamento de policías para cambiar el protocolo de actuación en casos de consumo en vía pública, con el objetivo de que primero haya un apercibimiento para apagar el cigarrillo, alejarse del lugar en casos donde haya niñas, niños y adolescentes o personas mayores de edad que no hayan dado su consentimiento, y sólo cuando esto no ocurra, proceder a detener y presentar ante un juez cívico.

Este punto de acuerdo todavía se está discutiendo. Por ello, desde la coalición #RegulaciónPorLaPaz presentamos un comunicado donde nos hemos posicionado para que se consolide el exhorto haciendo modificaciones al reglamento que garanticen los derechos de niñas, niños y adolescentes, el derecho al espacio público y el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Por su parte, en el Congreso de la Ciudad de México observamos mensajes confusos. Por un lado, se prepara una iniciativa para reformar la Ley Para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas de la Ciudad de México, que en materia de cannabis plantea la separación estricta de mercados, el abastecimiento seguro, y el uso responsable del cannabis y sus derivados.

También busca dar la menor prioridad posible a los delitos por posesión simple y con intención de venta de pequeñas cantidades de cannabis. Además, plantea regular el consumo de cannabis de manera homóloga al del tabaco.

Paradójicamente, parece que los acuerdos implícitos sobre ciertos espacios “liberados” comienzan a cambiar. El Plantón 420 , que se encuentra afuera del Senado de la República continúa, también se nota cierta flexibilidad alrededor de otros espacios públicos donde se juntan personas para consumir cannabis, como la Estela de Luz.

Sin embargo, la plaza de la “mexicanidad” que se encuentra enfrente de la SCJN desde hace unas semanas ha estado cerrada por vallas, e incluso el 31 de mayo mediante un decreto , fue declarado espacio libre de humo de tabaco, lo que muy seguramente irá en detrimento también para los activistas cannábicos.

Recomendaciones para gobiernos locales o estatales, ¿qué es posible?

Como vemos, comienzan a presentarse experiencias locales de procesos de despenalización de la posesión y consumo de cannabis, esto a partir de cambiar el protocolo que utiliza la policía en casos de posesión simple para que solo se disuada el consumo en presencia de niñas, niños y adolescentes así como mayores de edad que no den su consentimiento. También se puede ir más allá dándole la mínima prioridad a la posesión con fines de comerciar pequeñas cantidades.

Los gobiernos estatales tienen la posibilidad de no perseguir delitos contra la salud, como la posesión simple (o el narcomenudeo que suele ser posesión por encima de la tabla), que quedan dentro del fuero común, emitiendo un decreto u orden directa (dependiendo del código penal estatal) hacía policías municipales y estatales.

Lee más

voces

#ColumnaInvitada | ¿Por qué hablar de cannabis y juventudes?

En la Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato de la Ley General de Salud artículo 479 se determina que una persona puede tener ciertas cantidades de sustancias para su consumo “personal e inmediato”.

Contempla cinco gramos de cannabis, ½ gramo de cocaína y hasta dos gramos de opio. Los gobiernos estatales tienen margen de los umbrales de la tabla hasta multiplicado por mil en su competencia. Según la Ley General de Salud en su artículo 474:

"…podrá remitir al Ministerio Público de las entidades federativas la investigación para los efectos del primer párrafo de este artículo, siempre que los narcóticos objeto de los mismos estén previstos en la tabla, la cantidad de que se trate sea inferior a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las previstas en dicha tabla y no se trate de casos de la delincuencia organizada".

Esto significa que un gobierno estatal podría descriminalizar la posesión simple de hasta cinco kilos de cannabis para despresurizar el sistema carcelario, dejar de criminalizar a las personas usuarias y priorizar la investigación de delitos de alto impacto.

Mientras el Senado y el Congreso no llegan a acuerdos sobre la regulación integral de la cannabis, los gobiernos estatales pueden y deben avanzar en lo que es de su competencia: la no criminalización y encarcelamiento de las personas usuarias, así como la liberación de ciertos espacios públicos para el consumo sin afectar a terceros.

La comunidad cannábica crece cada día, demostrando un uso responsable, el deseo de poder cultivar para uso personal, participar en un mercado regulado, y la exigencia de no más abuso por parte de las autoridades. Invitamos a gobiernos estatales y municipales a acercarse con nosotros para ver cómo podemos poner en práctica mejores políticas de drogas. ¡El momento es ahora!

___________________

Nota del editor:

Adrián Jiménez Sandoval es candidato a doctor en Ciencia Política por la UNAM. Responsable del área de incidencia en ReverdeSer Colectivo y presidente de Cannabis Libre A.C. forma parte de la coalición #RegulaciónPorLaPaz. Zara Snapp es maestra en políticas públicas por la Universidad de Harvard. Cofundadora del Instituto RIA e integrante de la coalición #RegulaciónPorLaPaz. Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente a los autores.