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#ColumnaInvitada | Contradicciones de la familia presidencial

La senadora Kenia López Rabadán expone que la declaración de la familia presidencial es una amenaza al más puro estilo del viejo régimen en contra del periodismo.
Senadora panista, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.

El enojo presidencial se debe a que se hizo público que su hijo mayor está siendo favorecido por una empresa contratista del gobierno. Por más de 20 años, López Obrador nos ha recetado arengas basadas en la austeridad, en el combate a la corrupción, en la eliminación de los privilegios y hoy, su propia familia le ha tumbado palabra a palabra este discurso con la #CasaGris.

Este escándalo sigue dando de qué hablar. Es imposible creer en las mentiras de la 4T, sobre todo porque se han encargado de mentir una y otra vez. A continuación, señalo las contradicciones en las que ha caído la familia presidencial y que organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad han investigado.

Mientras la nuera del presidente afirmó en su comunicado que había un contrato de arrendamiento, en el historial de renta de la casa gris a la cual tuvo acceso Mexicanos contra la Corrupción, esta renta no fue registrada en el sistema de Agentes de Bienes Raíces de Houston.

Ahora bien, según el contrato publicado por un medio de comunicación nacional, la relación contractual duró del 16 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, sin embargo, en el sistema de Agentes de Bienes Raíces de Houston, la casa estuvo fuera del mercado desde el 24 de julio de 2019 y terminó la relación con el cliente el 14 de diciembre del mismo año.

Sin duda algo no concuerda en el histórico de fechas que presenta la familia del presidente. Están desesperados en justificar la corrupción y la relación con una de las cinco grandes empresas contratistas de Pemex.

La declaración de la familia presidencial es una amenaza al más puro estilo del viejo régimen en contra del periodismo. Donde se usaban figuras como la calumnia y la difamación, figuras que ya están derogadas en el Código Penal Federal, porque se usaban para silenciar a quienes incomodaban al gobierno.

Desde aquí le decimos a la familia presidencial que no trate de desviar la realidad. La realidad es que vivían en la casa de un alto directivo de una empresa que se beneficia con contratos de Pemex. Esa es la realidad.

Y que las advertencias que hizo la nuera del Presidente, y abro comillas “nos reservamos el derecho de tomar acciones legales contra todos los responsables de esta difamación calumniosa“, se pueden entender como amenazas y no son propias de un sistema democrático.

Esto sigue oliendo a corrupción. Por ello, insisto en que la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía y la Función Pública, investiguen estos hechos. Nadie debe estar por encima de la ley, ni porque se trate de la familia presidencial.

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Nota del editor: la autora es senadora del PAN; preside en esa cámara la Comisión de Derechos Humanos.

Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autora.