Lo hemos dicho antes aquí mismo: en cuanto a la agenda progresista que dice defender, el gobierno de México vive inmerso en un mar de contradicciones. No hay gobierno progresista que simpatice con la militarización, por ejemplo. Tampoco hay gobierno progresista que desprecie la lucha contra la violencia de género. La lista es larga.
En las últimas semanas, podemos sumar una nueva contradicción. El gobierno progresista de México ha emprendido una batalla frontal contra la autonomía de una respetada institución educativa. Ver para creer: la izquierda mexicana, que de tantas maneras nació en el movimiento estudiantil de 1968, ahora tiene a un presidente que dice representarla y que, al mismo tiempo, usa el poder para acosar al CIDE desde CONACYT.
Es el México del 2021.
Frente a ese insólito desafío, los alumnos y maestros del CIDE han optado por lo mismo que han elegido otros grupos bajo amenazas autoritarias similares en la historia moderna de México: la resistencia gallarda. La marcha del fin de semana pasado reunió a un número importante de personas, indignadas ante el atropello. Pero debió reunir a más. En el sentido más amplio, la batalla del CIDE es la batalla de todas las instituciones de educación pública en México, que han ganado su autonomía del poder con sangre, en algunos casos, literalmente. No hay razón para suponer que la imposición y la cerrazón en el CIDE no será el preámbulo de nuevos atropellos. Esos atropellos potenciales vulnerarían la educación en México, pero sobre todo implicarían la caída de una pieza de dominó muy importante en la estabilidad de las libertades en México. En ese sentido, la indignación rebasa a la coyuntura.
Lo sabía la generación que luchó el 2 de octubre, y varias más que le han seguido: el poder político no debe tener injerencia en el territorio autónomo de la educación superior. El CIDE y su gente hacen bien en reclamar sus derechos. Es una batalla que no se puede perder.
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