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#ColumnaInvitada | Mirar hacia atrás: los costos del Brexit en el Reino Unido

Reino Unido sigue a la espera de un futuro post-Brexit mientras el ciudadano común no puede consumir una hamburguesa sin el temor de que la empresa le diga que no tiene alguno de los insumos.
jue 16 septiembre 2021 06:45 AM
(Obligatorio)
La UE podrá centrarse ahora en su porvenir, que pasa primero por cerrar su futura relación con el Reino Unido.

Buena parte de quienes en su momento ensalzaron en el Reino Unidos la decisión de abandonar la Unión Europea (UE) parecen mirar hacia otro lado. Las promesas un futuro mejor que se derivaría de una presunta recuperación de la autonomía frente a las instituciones comunitarias han sido efectivamente eso: narrativas de un futuro que se están estrellando con una realidad resumida en una escena cotidiana: un ciudadano inglés solicita a un establecimiento su comida favorita, pero ésta no le puede ser provista por la empresa, pues se ha quedado sin insumos que venían de naciones del mercado europeo; o la situación de las empresas inglesas que se han quedado sin choferes porque los acuerdos migratorios entre el Reino Unidos y la Europa de los 27 las han dejado sin disposición de personal.

Y podemos seguir, casi indefinidamente, con las empresas cerveceras, de la construcción, de los oficios varios, los de alta calificación y un amplio etcétera. El Reino Unido sigue a la espera de un futuro post-Brexit mientras el ciudadano común no puede consumir una hamburguesa sin el temor de que la empresa le diga que no tiene alguno de los insumos que oferta en su carta.

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Reino Unido ha emprendido desde este año una serie de iniciativas que prueban (como si fuera necesario) que el debate que en buena medida decantó la decisión de abandonar a la Europa Comunitaria fue la inmigración. Bajo la premisa de “recuperar el control de las fronteras”, el gobierno de Boris Johnson impuso que a partir de este año quedaría cerrada la inmigración derivada de los acuerdos que en su momento permitían cierta libertad de movilidad a ciudadanos europeos.

A partir de enero, los criterios de selección de inmigrantes se orientarán por un sistema de puntos, lo que veta casi por completo la llegada de extranjeros con baja calificación y dominio deficiente del idioma inglés. La fórmula tiene orientaciones políticas y busca mantener la lealtad del voto conservador, pero en forma alguna atiende a las necesidades y demandas reales de la economía inglesa. La alerta de amplios sectores empresariales sobre un desastre económico derivado de una política migratoria equivocada da cuenta de la existencia de dos mundos paralelos y en contradicción: el de los empresarios que requieren diversos perfiles migratorios y la visión cerrada y restrictiva del gobierno.

El gobierno inglés defiende la necesidad de una política de este perfil. La ministra del interior Priti Patel, descendiente de ciudadanos de la India y ferviente euroescéptica, dice que Reino Unidos tiene 8.5 millones de ciudadanos entre los 16 y los 64 años que están inactivos, de ahí que exige que las empresas inviertan en su formación. Según esta funcionaria, existe una distorsión del mercado laboral derivada de la libre movilidad de personas. Una expresión insostenible si atendemos a algunos puntos:

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1. La economía agrícola tiene necesidades estructurales de mano de obra que no coincide con la nueva ley. El levantamiento de las cosechas la realizan en forma relevante ciudadanos originarios de Europa del Este lo que hace de la nueva ley un verdadero sabotaje a este importante sector.

2. La misma situación la padecen sectores de la hostelería, la construcción y el procesamiento de alimentos, entre otros. La restricción y la selectividad no benefician en sentido alguno a estos sectores.

3. La idea de consolidar este sistema de puntos en un lapso de 10 meses coloca a las empresas en un grave problema de adaptación pues una política de formación del gobierno (si es que existe) tendrá el reto de generar nuevas dinámicas laborales en un universo compuesto por más de 8 millones de ingleses económicamente inactivos; 2.2 millones de ciudadanos comunitarios afincados y más de 1.2 millones de no comunitarios. Restructurar un mercado de esas dimensiones no se logra en 10 meses de ahí que la ley atiende intereses políticos y no necesidades económicas.

Plantear como afirma el gobierno inglés, que una buena gestión migratoria se atiende desde la prioridad concedida a la inmigración altamente calificada falta a la verdad. La modernización de los sectores productivos o la automatización de los procesos tiene límites y esos límites los marca una necesidad intrínseca, estructural de mano de obra que debe cubrir espacios laborales sin prestigio social, sucios, peligrosos para la salud, con pocas regulaciones y que existen en las economías más avanzadas.

Para empresas de este tipo, la inmigración no calificada incluida la no regulada, es una de las alternativas para mantener su rentabilidad. No debemos olvidar que naciones como Reino Unido han logrado un destacado éxito en sus políticas educativas, uno de cuyos resultados ha sido que sus ciudadanos tengan cada vez más años de instrucción laboral, lo que les posibilita acometer la búsqueda de trabajo en la cúpula productiva, de tal forma que ¿es factible que un ciudadano inglés mire hacia debajo de la escala laboral cuando se ha formado para mirar hacia arriba de la misma?

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A la espera del futuro mejor y alejado de las instituciones comunitarias, el ciudadano inglés de a pie sigue esperando una hamburguesa incompleta, pedidos atrasados por falta de choferes o asistirá resignado a un supermercado con desabasto, primeros beneficios de la época post-brexit.

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Nota del editor: el autor es profesor e investigador del Departamento de Estudios Internacionales (DEI) de la Universidad Iberoamericana (UIA), Campus Ciudad de México, Académico de la Maestría en Estudios sobre Migración en el DEI-UIA. javier.urbano@ibero.mx

Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.

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