Por ello, no sorprende el alto índice de informalidad que persiste en nuestro país, con 6 de cada 10 personas trabajando en el sector informal de nuestra economía. Esto se explica en gran medida por la necia burocracia que en el discurso habla de simplificación y mejora regulatoria, pero en los hechos cada vez complica más el poder ser un empresario formal en México. La sobrerregulación mantiene a la mayoría de los mexicanos en la informalidad, a merced de grupos de intereses creados que les cobran rentas ilegales por dejarlos trabajar, generando corrupción y pobreza.
El exceso de trámites federales, estatales y municipales complica principalmente la apertura y operación de la empresas más pequeñas, pues no cuentan con personal especializado o despachos de asesoría que puedan atender todos los requerimientos, y son los propios dueños de estos negocios quienes tienen que destinar más de tres meses de su trabajo efectivo en un año para intentar cumplir. Todo este esfuerzo y tiempo se deja de invertir en innovación, diseño y mejora de las actividades propias de las empresas, que es lo que realmente genera valor, productividad y competitividad.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) lanzó hace algunos meses un programa denominado #AlertaRegulatoria, en donde cada semana se evidencian los proyectos de nuevas leyes o reglamentos y sus posibles implicaciones. Es verdaderamente alarmante constatar como constantemente se proponen iniciativas de nuevas regulaciones que amenazan la supervivencia de diferentes sectores económicos.
En lo que va del año, la #AlertaRegulatoria ha detectado que se han presentado 848 proyectos regulatorios solo a nivel federal; esto implica un promedio de 24 nuevas regulaciones por semana. La excesiva carga regulatoria obstaculiza la generación de empleos formales bien remunerados, afectando a los jóvenes que buscan trabajo y a los emprendedores. La tramitología frena la inversión privada, el crecimiento económico y el desarrollo inclusivo.
