Algunos influencers ofrecen servicios publicitarios, obteniendo una contraprestación en el ámbito comercial, pues son contratados por diversas empresas con el fin de que hagan publicidad de algún producto o marca. Si bien el derecho de libertad de expresión está garantizado, nos encontramos también con el rebase de los límites del ejercicio del derecho a la libertad de expresión a través de publicaciones que benefician una campaña en particular y que tiene un impacto en segmentos de la población.
El INE es la autoridad nacional encargada de vigilar los ingresos y gastos, bajo cualquier modalidad que utilizan los partidos, así como investigar el origen, monto, destino y aplicación de cada peso que se utiliza en una campaña, incluidas las digitales.
De cara al proceso electoral 2021-2022 es necesaria una metodología que nos lleve, de forma muy clara y sencilla, a determinar los beneficios recibidos y con ello establecer las sanciones correspondientes, establecer las mediciones iguales antes hechos similares y las consecuencias de derecho justas a esos actos, desde la certeza, legalidad y máxima publicidad. La injerencia de las redes sociales y su impacto en las campañas y, en consecuencia, la inclusión de esta en la materia de fiscalización de los recursos. La normatividad necesita actualizarse al actuar de las personas obligadas cuando estas no se ajustan a la ley.
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Nota del editor:
La autora es Consejera Electoral en el Instituto Nacional Electoral (INE).
Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.