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#ColumnaInvitada | Lo que la elección nos dejó

La injerencia de las redes sociales y su impacto en las campañas es innegable, su inclusión en la fiscalización de los recursos es impostergable. La normatividad necesita actualizarse.
jue 26 agosto 2021 12:06 AM
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El recurso de pagar a influencers para hacer campaña es un pendiente por legislar.

En los últimos años y con la “normalidad de la pandemia” hemos visto cómo las plataformas digitales y las redes sociales son integradas a la vida cotidiana de las instituciones y de las personas. Las redes sociales son un espacio de intercambio constante de información, acceso a bienes y servicios, a sistemas de información de salud pública, de protección civil y también de campañas político electorales.

El proceso electoral del 2020-2021 ocupó espacio de la ágora digital, ahí también se vivió el debate de los proyectos político electorales y las estrategias para provocar respuesta con una precisión geográfica en la ciudadanía ya sea a nivel nacional, estatal y municipal. Es innegable el impacto de las redes sociales en las campañas.

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El Instituto Nacional Electoral (INE) fiscalizó 29 mil 612 candidaturas a las que se les auditaron 11 mil millones de pesos de ingresos y gastos de campañas. Los trabajos de fiscalización, principalmente por medio de los monitoreos de personas con la responsabilidad de presentar informes de ingresos y gastos, resultaron en sanciones por 1,203 millones de pesos por diversas irregularidades, entre ellas, la participación de personas conocidas como Influencers.

Lo cierto es que no es la primera vez que sucede, que partidos se apoyen de influencers celebridades, que se involucran en un proceso electoral e incumplen la norma. Esto a pesar de las sanciones previstas en la ley.

Se ha polemizado mucho respecto a considerar que sí la participación de influencers, de reconocida fama pública, una abundante cantidad de seguidores y, por ende, influencia, debe considerarse como una aportación, una acción a título personal que no tiene fines de beneficio a la persona candidata o a un partido, que sí se recibe dinero o que, por el contrario, las publicaciones generaron ingresos a estas personas.

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Algunos influencers ofrecen servicios publicitarios, obteniendo una contraprestación en el ámbito comercial, pues son contratados por diversas empresas con el fin de que hagan publicidad de algún producto o marca. Si bien el derecho de libertad de expresión está garantizado, nos encontramos también con el rebase de los límites del ejercicio del derecho a la libertad de expresión a través de publicaciones que benefician una campaña en particular y que tiene un impacto en segmentos de la población.

El INE es la autoridad nacional encargada de vigilar los ingresos y gastos, bajo cualquier modalidad que utilizan los partidos, así como investigar el origen, monto, destino y aplicación de cada peso que se utiliza en una campaña, incluidas las digitales.

De cara al proceso electoral 2021-2022 es necesaria una metodología que nos lleve, de forma muy clara y sencilla, a determinar los beneficios recibidos y con ello establecer las sanciones correspondientes, establecer las mediciones iguales antes hechos similares y las consecuencias de derecho justas a esos actos, desde la certeza, legalidad y máxima publicidad. La injerencia de las redes sociales y su impacto en las campañas y, en consecuencia, la inclusión de esta en la materia de fiscalización de los recursos. La normatividad necesita actualizarse al actuar de las personas obligadas cuando estas no se ajustan a la ley.

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Nota del editor:

La autora es Consejera Electoral en el Instituto Nacional Electoral (INE).

Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.

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