#ColumnaInvitada | Una expropiación disfrazada de “Soberanía Nacional”

El documento que consta de 26 hojas, enviado en fin de semana y en pleno periodo vacacional, es muy parecido a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), que también tiene como objetivo, que las empresas del Estado tengan un papel principal ante la iniciativa privada, un escrito lleno de tantos sofismas, como las tantas que replican en “las mañaneras”.

Pese a que Pemex acumula una enorme deuda de más de 110 mil millones de dólares, el presidente y su ideología quieren disfrazar una expropiación al llamarla en su iniciativa, “Soberanía energética o Nacional”, el mismo mensaje, pero en diferente ley.

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Sus iniciativas tanto la de la Industria Eléctrica, como ahora la de Hidrocarburos, coinciden en plena época de las elecciones locales y federales, llenas de mensajes como “Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad”, “neoliberalismo”, “privatización” o “bienes del pueblo”, que han sido de gran rentabilidad para el jefe de estado, y así continuar polarizando al país.

Esta reforma, que deberá pasar por el debido proceso ante la Cámara Baja y Alta del país, y que el presidente pretende que su aprobación sea antes o casi al margen de los comicios del 6 de junio, busca entre líneas que su faraónica refinería sin futuro de Dos Bocas “sea viable”.

La “nueva” propuesta del ejecutivo federal, que modifica la ley secundaria del sector tiene el objetivo regular los precios del combustible y combatir el robo de este, pero nuevamente transgrede los principios de legalidad, seguridad jurídica, así como la competencia económica, parece que ignoró por completo lo pasado con la Ley Eléctrica.

Con el pretexto de acabar con el famoso huachicoleo y el fraude que hacen a través de las máquinas expendedoras de gas o gasolina, y bajo el mismo mensaje de echarle la culpa al pasado, según el texto, con esto se estaría acabando con la corrupción del período neoliberal, solo que no explica cómo, y con simple ideología no se puede.

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La reforma presidencial puntualiza que la Secretaría de Energía (Sener), o la Comisión Reguladora de Energía (CRE), tendrán la facultad para revocar los permisos que poseen particulares para la comercialización de hidrocarburos. Es decir, cualquier empresa de combustibles que por cuestiones de oferta o demanda aumenten el precio de su producto, eso servirá como argumento para cancelarles el permiso.

De aprobarse esta iniciativa, sucederá lo mismo con los particulares que no cuenten con la capacidad de almacenaje de hidrocarburos que propone el gobierno de la 4T, esa acción también será tomada en cuenta para revocar los permisos, todo eso bajo el objetivo de “fortalecer a Pemex”, según el discurso del presidente en esta ocurrente reforma.

Sin pretender ser agorero del desastre, esta ley del presidente vuelve a pasar encima de la Constitución, no brinda certeza jurídica a los inversionistas, viola nuevamente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y sin duda tendrá la misma lluvia de amparos y suspensiones provisionales por ser una reforma inconstitucional y llena de arbitrariedades.

En Morena están decididos a aprobar la nueva Ley de Hidrocarburos, con la misma velocidad en la que sube el precio de la gasolina Premium, quieren cambiar las reglas y hacer un marco legal a modo, que solo generará incertidumbre económica y de inversión, todo por darle un poder autoritario a Pemex y a la Sener, para controlar desde la exploración hasta el último proceso que es la venta al usuario final, todo esto con un alto costo para el país.

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