La socialización del delito. Las organizaciones criminales han involucrado a miembros familiares para cometer los ilícitos, en los que mujeres, personas de tercera edad, jóvenes, e incluso niños colaboran en algún grado para perpetrar delitos, a partir de tener a la delincuencia como medio de subsistencia económica. De esta forma, hay comunidades enteras dedicadas a actividades delictivas, que obstaculizan la procuración de justicia.
Esta amenaza prolifera por el abandono del campo, la desigualdad social, una educación laxa en valores cívicos y patrióticos, y de orientación vocacional. En este sentido, es requerido delimitar los límites que persigue la amnistía para que no se convierta en catalizador de la socialización del delito, lo cual incrementaría los índices de incidencia delictiva. Asimismo, la apología a la muerte y a la violencia en la sociedad ponen en riesgo a los derechos humanos y harán proliferar la violencia.
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La corrupción en las instancias policiales y la falta de procuración de justicia serán una amenaza a la seguridad nacional si se convierten en actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones contra la delincuencia organizada. Lo anterior se notará si policías municipales o estatales bloquean operaciones militares o federales contra el narcotráfico o comparten información con grupos delincuenciales.
También proliferará esta amenaza a la seguridad si ministerios públicos y fiscalías demoran procesos de procuración de justicia o impiden la emisión de órdenes de aprehensión o cateo para bloquear acciones ejecutivas del Gabinete de Seguridad, los cuales serán un asunto de seguridad nacional que, de no atenderse, será un obstáculo para el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024.
El año 2020 ofrece la oportunidad de romper con la línea tendencial de delincuencia. Para ello, es requerido acompañar la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad con políticas públicas que atiendan las vulnerabilidades logísticas, institucionales y sociales que generan mayor proliferación del delito para otorgar fuerza, congruencia y efectividad a los esfuerzos del Estado Mexicano y lograr irrumpir en el avance de la violencia y generar un cambio en materia de inseguridad.
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Nota del editor: la autora es historiadora, maestra en Asuntos Internacionales con Especialidad en Política y Seguridad Internacional por la Universidad Anáhuac México.
Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.
