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#ColumnaInvitada | Las 5 amenazas a la seguridad nacional en 2020

Tráfico de armas; asedio a ciudades; ciberdelincuencia, socialización del delito y corrupción en las instancias policiales serán los retos para la seguridad nacional, asegura María de Haas.
mié 15 enero 2020 07:35 AM
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La paz en México se deterioró un 4.9% entre los años 2017-2018.

El año 2019 quedó atrás y el 2020 puede ofrecer un escenario tendencial de la proliferación de la violencia del crimen organizado; la seguridad se tornará más compleja por cinco antagonismos identificados que limitarán la consecución de los objetivos nacionales, léase la seguridad ciudadana y el desarrollo nacional.

El tráfico de armas es la principal amenaza a la seguridad al seguir siendo la materia prima de la perpetración de delitos que alimenta las capacidades de coerción del crimen organizado. De igual forma, fomentará la generación de nuevas divisiones o franquicias de los grupos delictivos, multiplicando con ello la violencia que afecta a la población civil con delitos del orden común y federal.

La falta de control en el tráfico de armas provocará que los ciudadanos se armen por igual. Habría más autodefensas de tipo rural y ahora urbano generando un nuevo fenómeno en México: el vigilantismo, lo que hará más complejo la atención del Estado en materia de seguridad. Lo anterior pudiera atenderse al mejorar mecanismos de denuncia ciudadana anónima, y lanzar una campaña de desarme a nivel nacional de igual cobertura de la diseñada para combatir las adicciones.

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El asedio a ciudades, emboscadas, retenes y bloqueos carreteros por parte del crimen organizado serán la segunda gran amenaza al peligrar la seguridad ciudadana y el desarrollo regional y nacional, derivada del avance del control territorial de los grupos criminales. Para ellos, quien controle las carreteras controlará la extorsión, el trasiego de drogas, el tráfico de migrantes, el secuestro de personas, y el robo a transporte público y de carga, afectando el desarrollo económico en regiones estratégicas para el desarrollo nacional. Los puntos de disputa serán los principales ejes troncales carreteros a lo largo del país y las principales ciudades, en los que se harán manifiestos tiroteos, enfrentamientos, retenes y asedios urbanos.

Para ello, es preciso recuperar el control territorial de México a través de las carreteras. Todo entra y sale a través de ellas, así como de los puertos y aeropuertos. Por eso es necesario apoyar a la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas para que tengan mayor presencia en la infraestructura de conectividad terrestre, así como en los aeropuertos, para reforzar la vigilancia y rescatar el control territorial.

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La ciberdelincuencia aumentará. El rezago de legislación genera una rampante impunidad virtual, licencia para que el crimen organizado ejerza actividades delincuenciales aprovechando las vulnerabilidades frente al ciberespacio, y atente contra los ciudadanos y las instituciones del Estado Mexicano.

El crimen organizado encontrará un aliado en la tecnología, por lo que el Estado Mexicano debe reforzar sus capacidades de ciberseguridad en sus instituciones que manejan bancos de datos o activos digitales, como la banca de desarrollo, o los fondos de ahorro y pensiones. Para ello es perentorio fusionar las capacidades de inteligencia cibernética con las de inteligencia financiera para perseguir a ciberdelincuentes. Cabe incluir formalmente la Unidad de Inteligencia Financiera al Gabinete de Seguridad, además de ampliar sus capacidades institucionales para combatir al crimen organizado, el terrorismo y el lavado de dinero en el ciberespacio.

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La socialización del delito. Las organizaciones criminales han involucrado a miembros familiares para cometer los ilícitos, en los que mujeres, personas de tercera edad, jóvenes, e incluso niños colaboran en algún grado para perpetrar delitos, a partir de tener a la delincuencia como medio de subsistencia económica. De esta forma, hay comunidades enteras dedicadas a actividades delictivas, que obstaculizan la procuración de justicia.

Esta amenaza prolifera por el abandono del campo, la desigualdad social, una educación laxa en valores cívicos y patrióticos, y de orientación vocacional. En este sentido, es requerido delimitar los límites que persigue la amnistía para que no se convierta en catalizador de la socialización del delito, lo cual incrementaría los índices de incidencia delictiva. Asimismo, la apología a la muerte y a la violencia en la sociedad ponen en riesgo a los derechos humanos y harán proliferar la violencia.

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La corrupción en las instancias policiales y la falta de procuración de justicia serán una amenaza a la seguridad nacional si se convierten en actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones contra la delincuencia organizada. Lo anterior se notará si policías municipales o estatales bloquean operaciones militares o federales contra el narcotráfico o comparten información con grupos delincuenciales.

También proliferará esta amenaza a la seguridad si ministerios públicos y fiscalías demoran procesos de procuración de justicia o impiden la emisión de órdenes de aprehensión o cateo para bloquear acciones ejecutivas del Gabinete de Seguridad, los cuales serán un asunto de seguridad nacional que, de no atenderse, será un obstáculo para el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024.

El año 2020 ofrece la oportunidad de romper con la línea tendencial de delincuencia. Para ello, es requerido acompañar la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad con políticas públicas que atiendan las vulnerabilidades logísticas, institucionales y sociales que generan mayor proliferación del delito para otorgar fuerza, congruencia y efectividad a los esfuerzos del Estado Mexicano y lograr irrumpir en el avance de la violencia y generar un cambio en materia de inseguridad.

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Nota del editor: la autora es historiadora, maestra en Asuntos Internacionales con Especialidad en Política y Seguridad Internacional por la Universidad Anáhuac México.

Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.

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