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Un primer año que no debemos olvidar

"Mientras que el país llega a los mayores niveles de violencia, el gobierno federal insiste en presentar estadísticas sesgadas y análisis a modo", escribe Francisco Rivas.
sáb 21 diciembre 2019 09:22 AM
Violencia
El arranque del gobierno de AMLO es el más violento desde que tenemos estadística pública comparable.

Este viernes 20 de diciembre se publicaron los datos de incidencia delictiva del mes de noviembre que confirman el arranque de gobierno más violento desde que tenemos estadística pública comparable.

En el periodo que va de diciembre 2018 a noviembre 2019 se acumularon 35,595 víctimas de homicidio doloso, lo que representa un crecimiento del 3.75% si se compara con los doce meses previos.

35,595 víctimas que se concentraron en 30,424 casos -de los cuales 988 fueron feminicidios-, en un total de 1,657 municipios del país, un crecimiento del 2% de municipios respecto a los doce meses anteriores.

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Si comparamos este primer año de gobierno federal con respecto al mismo periodo del año anterior, los casos de homicidio doloso crecieron un 2.47%; los de feminicidio 16.65%; los de secuestro 7.60%; los de extorsión 30.62%; los de robo con violencia 0.04%; los de robo a negocio 5.57%; los de violación 11.74%; los de trata de personas 34.39%; los de narcomenudeo 19.57%.

En contraste en el mismo periodo disminuye el homicidio culposo en un 0.38%; el robo de vehículo 11.82%; el robo a casa habitación 1.52%; el robo a transeúnte 2.31%.

Además, crece el número de personas desaparecidas, las fosas clandestinas, los robos de gasoductos, los fraudes y delitos cibernéticos.

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Por lo que refiere al robo de hidrocarburo, el delito insignia con el que este gobierno se inauguró, ante la ausencia de transparencia y rendición de cuentas, debemos considerar como ciertas las declaraciones de los funcionarios de PEMEX y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana quienes en corto señalan que este sigue en niveles equivalentes al año anterior.

¿Cómo llegamos a estos niveles de violencia sin precedentes? Definitivamente una parte es consecuencia del cúmulo de errores de las pasadas administraciones, sin embargo, el empeoramiento de las condiciones de seguridad del país se debe a los errores diagnósticos de esta administración que llevaron a la frágil construcción de acciones –mismas que difícilmente podríamos llamar una estrategia–.

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Si bien el presidente ha insistido en que se atacan las causas estructurales que generan la delincuencia y la violencia, se omite trabajar en disminuir la corrupción en los cuerpos de seguridad y justicia y mejorar la procuración de justicia.

Más allá de las miles de declaraciones del presidente López en este sentido, a más un año del inicio de este gobierno, no hay evidencias de redes de corrupción desarticuladas, funcionarios investigados con seriedad e independencia, sentencias condenatorias o, por lo menos, una reingeniería institucional que mejore los procesos.

Lee además: "¿Me has visto?", la frase que acompaña miles de fotografías de desaparecidos

Por lo contrario, el ejecutivo instruye –pese a la supuesta independencia– a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre qué sí y qué no investigar, al tiempo que la FGR ha recibido recortes presupuestales que ponen en riesgo su operación.

De manera similar en lo local los recortes presupuestales afectaron policías estatales y municipales, así como procuradurías, fiscalías y sistema penitenciario.

Si la política social debía mitigar las causas que generan factores de riesgo en las comunidades, el armado de los programas ha desatendido a los grupos en verdadera condición vulnerable, niños y jóvenes que están en la frontera entre desarrollarse como un ciudadano respetuoso de la ley o de optar por una vida como delincuente.

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Por otro lado, la Guardia Nacional está lejos de ser la institución anhelada para pacificar el país y –de nuevo– los incipientes recursos destinados a esta no permiten que se pueda consolidar con rapidez.

Pocas acciones aisladas podrían ser consideradas como positivas: la presentación del nuevo informe policial homologado, la propuesta de combate a las armas de fuego que se comercian ilegalmente, ninguna de ellas particularmente novedosa, y ninguna de ellas específicamente capaz de disminuir el número de delitos que ocurren.

Mientras que el país llega a los mayores niveles de violencia, el gobierno federal insiste que vamos en el camino indicado. Insiste en presentar estadísticas sesgadas y análisis a modo.

Los datos muestran una crisis sin precedentes pese a que hay evidencia de un deterioro en la solidez de los datos de incidencia delictiva: Baja California, Puebla, Veracruz y Tabasco son las entidades donde hay mayor evidencia de maquillaje de cifras.

Cierra un año terrible que hace suponer que 2020 será tan malo como este.

Urge que el gobierno federal dialogue en vez de derrochar demagogia, que admita el fracaso de este primer año para redefinir un rumbo, cambie titulares del área de seguridad, destine los recursos necesarios para desarrollar instituciones sólidas y capaces de disminuir los delitos si de verdad quieren pacificar al país porque con mañaneras y reuniones matutinas autocelebrativas el país no mejora.

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Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.

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