#ColumnaInvitada |¿Transición autoritaria?

En contrario, producto de los acuerdos con Estados Unidos, México le está haciendo el trabajo sucio a Donald Trump y jugando, consciente o inconscientemente, a su favor en su aspiración a reelegirse cuatro años más como presidente estadounidense. El tema migratorio y la sumisión del gobierno mexicano es la principal plataforma de su lanzamiento. Prometió un muro. México lo está construyendo militarizando las dos fronteras.

La actitud del gobierno de México pone en entredicho su política diplomática e interior, sobre el respeto a los derechos humanos. Las imágenes del padre salvadoreño y su hija ahogados en el Río Bravo son de tal brutalidad que tendríamos que discutir si es correcto plegarse a los designios de Estados Unidos.

En la agenda de seguridad, esencialmente el tema es el de la creación de la Guardia Nacional. Todos los indicadores manifiestan que la violencia sigue y, de hecho, se ha recrudecido, como las desapariciones o los homicidios. La apuesta de la Guardia Nacional tiene graves riesgos de una militarización.

Contrario a lo que dice la Constitución, el presidente López Obrador ha insistido de manera notable en la militarización de vida pública; no solo en términos de la Guardia Nacional, sino en la presencia de las Fuerzas Armadas, particularmente del Ejército, en asuntos de la vida pública, como administrar aeropuertos, realizar obras y construcciones o intervenir en controles que antes no tenía.

De manera tal que lo que sí estamos viendo es que la agenda de la seguridad está pasando de forma muy acelerada a una de carácter militar.

En economía, eventualmente cada cambio de sexenio registra un estancamiento. Pero parece que el estancamiento está siendo mucho mayor. Hay una desaceleración económica notable y evidente y son cada vez más pesimistas las calificaciones internacionales hacia la deuda y operatividad de Petróleos Mexicanos (Pemex) o la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Al presidente y a su gabinete le disgustan el papel de las calificadoras internacionales, pero ellas son parte de una regulación económica global en la que México está inserto. Descalificarlas sin mayores argumentos que tener "otros datos" es acto de fe, no de política pública.

En cuanto a las decisiones macroeconómicas, si bien el peso mantiene cierta estabilidad con respecto al dólar, el problema principal es la pérdida de empleos. Lo muestran las estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Intentar rebatirlas es terquedad sin sentido.

En la parte social, los programas no terminan de arrancar. Los recortes estructurales han generado enorme tensión en temas como las estancias infantiles, servicios de salud, atención al campo y la desaparición del programa Prospera, reconocido nacional e internacionalmente con eficiencia auditada por expertos. La tensión se extiende a la cultura y lo que ha sido la desaparición de instituciones, cuya operación es observada de manera unilateral respecto de cuánto se ahorran y no de cuál ha sido su utilidad pública para, en todo caso, hacer las reformas correspondientes. Reconstruirlas o volver a crearlas será de un alto costo económico y político para el país.

Estamos aún en un proceso de transformación y de discusión política fuerte. Lo viejo no se va y lo nuevo no llega. Hay un contexto de polarización. La encuestas indican que AMLO sigue contando con un apoyo significativo muy alto, pero hay señales de desgaste y tensión.

La preocupante concentración de poder de López Obrador carece de un código de transición democrática. Estamos ante el paradigma de una alternancia democrática en el discurso, pero no en su forma ni en su fondo.