El sistema electoral en jaque

En segunda, porque si las atribuciones son redistribuidas, el dinero también tendría que cambiar de bolsillo. Por ejemplo, a pesar de que a partir de la reforma de 2014 el INE tiene a cargo la capacitación e integración de las casillas, en 2018 se tuvo que crear una nueva figura (capacitadores electorales locales) para que absorbiera la nueva carga de trabajo. Esto se hizo con cargo a los OPLs. Pagaron 415 millones de pesos, dinero que tendría que ser asumido, que no ahorrado, por el INE.

Si el INE fuera el único ente a cargo de la organización de elecciones, tendría, forzosamente, que aumentar su estructura y personal. Ya fuera para tener presencia en los distritos locales (673) o para realizarlas desde los distritos federales (300), con el riesgo de perder cobertura y proximidad. En este caso, vale la pena preguntarse qué hacer con los mecanismos de participación que están regulados en las leyes locales y que tienen sus propias particularidades. Por ejemplo, Jalisco cuenta con 16 formas de participación y la Ciudad de México con 12.

En el mismo sentido, el INE sería el responsable de organizar las elecciones por usos y costumbres que hoy en día tienen lugar en más de 420 municipios y que se rigen bajo distintos ordenamientos.

No se trataría sólo de aumentar la carga laboral, de necesitar mayores espacios y personal, sino de afectar la calidad de los comicios. Hoy, la ley federal establece que el cómputo oficial (la suma de los resultados de cada casilla) se realiza el miércoles posterior a la elección y que puede durar hasta tres días. Por ejemplo, en 2018, los OPLs recibieron y procesaron 319,733 paquetes electorales. El INE hizo lo mismo con 472,590. Sin embargo, con casi el doble de paquetes que procesar (y en su caso recontar), sería materialmente imposible realizarlo en el plazo establecido.

Además, los PREPs serían más lentos y se retrasarían los resultados oficiales. Por otro lado, no se podrían aplicar leyes locales más eficientes como la de la Ciudad de México que les obliga a tener los resultados oficiales la misma noche de la elección.

No sólo se debilitaría el pacto federal en el que se funda nuestro país. La iniciativa va acompañada de medidas como la designación de los integrantes del consejo general y de los consejos locales por parte del legislativo –actualmente los consejeros locales son designados por el INE. Es decir, la designación de todos quienes toman las decisiones en materia electoral serían por una mayoría que actualmente controla el Congreso –y que casualmente es quien propone esta reforma.

Si lo que se quiere es ahorrar, el análisis tendría que estar en el aligeramiento de nuestros procedimientos electorales. El modelo de funcionarios de casilla que hoy tenemos le costó al país 2,000 millones de pesos en 2018. La desconfianza ha impedido que la autoridad electoral pueda aprovechar la experiencia de quienes han sido funcionarios de casilla. Cada año hay que tocar la puerta de 12 millones de mexicanos y capacitarlos en sus propios domicilios. Podría hacerse una convocatoria pública o validarse como servicio social. Aunado a lo anterior, podríamos tener centros de votación que redujeran los costos en la instalación de casillas, así como migrar a la urna electrónica para tener resultados la misma noche de la elección. Esto, además, permitiría un ahorro considerable en la impresión de documentación electoral, los PREPs, los conteos rápidos y las sesiones de cómputos distritales.

Aunque claro, si lo que se busca es debilitar a las instituciones bajo el manto sagrado de la austeridad republicana, entonces este es el camino. Desaparezcamos instituciones. Pero entonces, nuestro sistema electoral y nuestra democracia estarán en jaque.

Nota del editor: Farah Munayer es maestra en Ciencia Política por Sciences Po, y asesora del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.