#VocesADN | Cancelar la Iniciativa Mérida, un error y no otra cosa
Nota del editor: Francisco Rivas es Director General del Observatorio Nacional Ciudadano, especialista en seguridad, autor de investigaciones y artículos en materia de seguridad, justicia y cultura de la legalidad. Síguelo en Twitter en @frarivasCoL . Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad del autor.
CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- A partir de la victoria del presidente López se especuló mucho sobre el destino y las características que asumiría uno de los principales programas de cooperación entre nuestro vecino del norte y nuestro país, la denominada Iniciativa Mérida.
Ante una falta de claridad sobre la visión y postura que su gobierno tendría alrededor de este mecanismo de cooperación, la esperanza era que se volviese un mecanismo más eficaz de construcción de la paz que los mexicanos tanto hemos anhelado.
Este miércoles 8 de mayo parece que las dudas fueron esclarecidas, el presidente dijo que la iniciativa se debe terminar.
Iniciativa Mérida ha sido un programa fundamental para establecer indicadores de desempeño, protocolos de actuación, formación profesional para las incipientes instituciones mexicanas.
Las armas, helicópteros y tecnología son parte de un plan pensado principalmente para construir instituciones en un país que carecía de los mínimos para enfrentar el grave problema de la violencia.
Cancelar Iniciativa Mérida es un error, no hay forma de expresarlo de otra manera.
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Es un error porque libera de su parte de corresponsabilidad al gobierno norteamericano, una corresponsabilidad obligada si pensamos que las actuales condiciones de alta incidencia delictiva y violencia que sufre nuestro país no serían las que son si Estados Unidos no fuese el primer consumidor de drogas del mundo y si su política de control de armas fuera otra.
Dicho de otra manera, México pasó en poco tiempo de ser un país con alta incidencia delictiva común a ser un país sumido en la violencia por nuestra posición geográfica, tanto cuanto por la incapacidad de nuestras instituciones para enfrentarlo.
Demos un paso atrás, la violencia que se vive en nuestro país no es entendible si olvidamos de dónde venimos, cómo estaban nuestras instituciones policiales, de procuración y administración de justicia o del sistema penitenciario, hace tan sólo 20 años y como éstas estaban dirigidas a ser usadas para mantener un control político sobre la sociedad más que para servir a la comunidad y darle acceso a la justicia a las personas.
Hace 20 años era imposible hablar de carrera policial o judicial, protocolos de actuación, tecnología para la construcción de inteligencia criminal, derechos del imputado, reinserción social; simplemente no había instituciones capaces de enfrentar el reto que implicó el aumento de la criminalidad y la violencia.
20 años después de que iniciase el proceso de transformación institucional y 11 años después del inicio de Iniciativa Mérida, los avances han sido significativos, aun cuando son muchos los pendientes por atender.
Sin embargo, es injusto omitir lo que ha significado construir policías, procuradurías, fiscalías, comisiones, normas, mecanismos de supervisión, aún con todas sus deficiencias.
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En un momento en donde el gobierno federal sigue recortando recursos para estados y municipios y sigue equivocándose en apostar en desaparecer a la Policía Federal -canibalizada por una Guardia Nacional que aún carece de un proyecto claro-, el apoyo y los recursos del gobierno americano no sólo son obligados por su corresponsabilidad en la materia, sino son fundamentales para mantener los avances y progresar.
Es lamentable que el presidente haya optado por dinamitar una iniciativa sólo porque el gobierno americano insistió en destinar los recursos a temas como el fortalecimiento del sistema de justicia en vez que a su Guardia Nacional y a sus programas sociales como él lo solicitó.
Es lamentable que López argumente que la iniciativa no ha dado frutos, olvidando el sacrificio de tantos en nuestro país para construir donde había poco o nada.
Es lamentable que declare que su interés es reorientar los recursos a un plan de desarrollo para el sureste y Centroamérica, cuando en realidad lo que plantea es destinar los mismos a los programas de transferencias directas de su gobierno.
Es lamentable que López insista en entender la pobreza como origen de la violencia de nuestro país cuando esta no se concentra en la mayoría de las entidades en donde el gobierno pretende usar los recursos.
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Es lamentable que el presidente olvide que la debilidad institucional es la que ha permitido tener estos niveles de impunidad que sí son un factor determinante que impulsa el crecimiento de la delincuencia.
De nuevo, parece que al presidente no le interesa entender visiones diferentes a la propia, no le gustan los contrapesos, no le gusta rendir cuentas, no le gusta una sociedad democrática.
El problema es que si el presidente quiere lograr disminuir incidencia delictiva y violencia necesita la corresponsabilidad de actores internacionales, de una sociedad civil atenta, de estados y municipios.
2019 se perfila como el año más violento de la historia a pesar de que el país que recibió López ya había alcanzado su máximo nivel de crisis en los últimos 20 años, primero en 2017, luego en 2018 y a pesar de que el presidente prometió pacificarlo en seis meses del inicio de su gobierno, seis meses -dicho sea de paso- que terminan en tres semanas.
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