OPINIÓN. Marihuana: cambio de paradigma

Nota del editor: Don Porfirio Salinas es híbrido de política, iniciativa privada y escenario internacional. Priista orgulloso de “el valor de nuestra estirpe” (Beatriz Paredes dixit); y antagónico al régimen actual, contrario a esta estirpe. Convencido de la política como instrumento de construcción de país, desde cualquier trinchera. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas del autor.

CIUDAD DE MÉXICO, (ADNPolítico) - Las dos últimas semanas fueron históricas para México. Por un lado, el 31 de octubre la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió los amparos 4 y 5 relacionados con uso lúdico y consumo personal de cannabis. Gracias a esto, y después de 3 años de que se diera el famoso caso SMART, finalmente se generó la jurisprudencia necesaria para modificar nuestro marco legal.

Y el pasado martes 6 de noviembre se introdujeron en el Senado de la República tres iniciativas para permitir el uso recreativo de cannabis: una de Morena impulsando la Ley General de Control de Cannabis; una del PRI adecuando la Ley General de Salud (LGS), el Código Penal Federal (CPF) y la Ley de Delincuencia Organizada (LDO); y finalmente una de MC, adecuando la LGS y el CPF.

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Con estos sucesos en la Corte y en el Senado, estamos por fin avanzando en la destrucción de mitos, no solo sobre cannabis sino sobre la errada política de drogas que ha seguido México tanto tiempo.

Hace 3 años que el Legislativo se enfrascó en intensas discusiones que derivaron en la regulación del uso medicinal y científico de la marihuana, se abrió la puerta para abordar el tema de manera más integral; parecía poco posible por tanto desgaste, hasta que lo retomó Morena en la campaña.

Hoy estamos en la antesala de lo que puede ser uno de los cambios de paradigma más profundos en México. Sin embargo, es indispensable que en la discusión que está por arrancar se tomen en cuenta aspectos importantes que no se están abordando en las iniciativas presentadas.

La iniciativa más ambiciosa es la de la Senadora, antes Ministra, Olga Sánchez Cordero, que busca emitir una Ley General para la Regulación y el Control y de Cannabis; que establecería lineamientos generales para todos los usos de cannabis, en toda la cadena de producción y comercialización.

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Entre otros avances importantes, crea el Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis como instancia reguladora, sancionadora y de evaluación; así como un Consejo Consultivo y un Consejo Ciudadano para guiar la formulación de políticas publicas relacionadas.

También, reconoce y regula el autoconsumo, así como las cooperativas de producción; y retoma principios similares a los del tabaco y alcohol en materia de publicidad, etiquetado, empaquetado; así como prohibición de fumarla en los espacios 100% libres de humo.

Sin embargo, llaman la atención varios faltantes. En primer lugar, no se acompaña de reformas a la LGS y al CPF, que son los dos instrumentos que darían sustento a la Ley General, y sobre los cuáles emitió la Corte la jurisprudencia de inconstitucionalidad. Amén de revisar si actualmente el Congreso está facultado para emitir una Ley General de esta naturaleza o si también se requiere una reforma constitucional previa.

También, otorga al Instituto, de manera incorrecta, facultad para establecer los impuestos aplicables al cannabis; cuando los únicos facultados por ley para este efecto son el Congreso de la Unión y las Autoridades Fiscales; debería de establecer solo coadyuvancia por parte del Instituto.

Aunque hace mención de la importancia de Reducción de Daños, no se incorpora el principio en la propuesta de Ley General, como sí lo hace con la Reducción de Riesgos. Este tema es clave en política de drogas y se podrían retomar iniciativas presentadas desde 2015 que tienen una visión integral.

No se entiende la prohibición de comercializar productos comestibles derivados de cannabis; ni la obligación a los lugares autorizados para venta de uso terapéutico y farmacéutico de ofrecer servicios de información y asesoramiento profesional; y tampoco que la comercialización para uso adulto se haga en establecimientos donde únicamente se comercialicen productos de cannabis.

Llama también la atención la restricción de 80% de capital nacional para personas morales que quieran hacer uso científico y de investigación, pues inhibe la capacidad de mayor desarrollo de protocolos de investigación que puedan aprovechar experiencia internacional.

Sobrerregula el uso industrial al sujetarlo a autorización del Instituto, cuando el tema ya había quedado suficientemente resuelto en la reforma de uso medicinal y científico de 2016-2017; y genera un sistema demasiado burocratizado con gran número de licencias distintas.

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Finalmente, no quedan claros los umbrales mínimos y máximos de THC para diferenciar el tratamiento de esos productos, que ya habían quedado claros en la reforma de 2017; y establece el bajo umbral de 480 gramos al año de autoproducción y para cada integrante de una cooperativa.

Por su parte, la iniciativa presentada por el PRI modifica la LGS y el CPF para atender los criterios establecidos por la Corte; eleva el umbral de portación personal a 28 gramos, de los 5 que actualmente rigen; y modifica también la LDO para para dejar de considerar como terrorismo las actividades relacionadas con el cannabis.

Sin embargo, queda muy corta en términos de establecer una regulación integral del cannabis, y preocupa que excluya de manera expresa cualquier posibilidad de venta, enajenación, distribución y/o transferencia de la marihuana; todas actividades clave para un mercado legal y regulado.

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La iniciativa de MC simplemente modifica la LGS y el CPF para atender directamente la jurisprudencia de la Corte, y elimina completamente la restricción de gramaje. Pero queda mucho más corta en términos de una regulación integral de cannabis y una política de drogas adecuada.

Por último, están los Lineamentos recién publicados por Cofepris de manera por demás irresponsable. No solo no atienden el mandato de 2017 de emitir un Reglamento, sino que se publican a menos de un mes de terminar el gobierno, probablemente para favorecer con licencias a gente cercana a Sánchez y Tepoz. Ojalá se le investigue y se echen atrás estos Lineamientos.

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Lo mejor sería que las tres iniciativas se dictaminen de manera complementaria, resolviendo primero las modificaciones a la LGS y al CPF, y emitiendo después una Ley General con visión integral. Ojalá se retomen también los esfuerzos de 2016-2017, cuando se hicieron foros amplios y quedaron iniciativas integrales para regular un mercado legal en México.

Esperemos que los Legisladores aborden el tema con el cuidado y seriedad necesarios, para empezar a darle la vuelta al profundo problema de salud pública y violencia que hoy vivimos en materia de drogas.

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