OPINIÓN: ¿Avances a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal?

Nota del editor: Don Porfirio Salinas es híbrido de política, iniciativa privada y escenario internacional. Priista orgulloso de “el valor de nuestra estirpe” (Beatriz Paredes dixit); y antagónico al régimen actual, contrario a esta estirpe. Convencido de la política como instrumento de construcción de país, desde cualquier trinchera. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas del autor.

CIUDAD DE MÉXICO, (ADNPolítico) - El jueves pasado el presidente electo presentó ante la Cámara de Diputados, a través del coordinador de sus Diputados, su propuesta de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), ritual que sucede cada cambio de sexenio; amén de reformas que también se van realizando a lo largo de cada administración.

Las propuestas de reforma a la LOAPF previo al inicio de un sexenio muestran la visión de cada nuevo presidente sobre cómo deben ser la organización y conducción de las tareas de gobierno para atender los problemas del país y las demandas de la sociedad. Además de ser un sello del estilo de gobernar de cada uno.

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La LOAPF nace en el sexenio de José López Portillo, y a partir de entonces cada cambio de administración se realizan reformas; pero es en el año 2000, con la alternancia en la presidencia, cuando se vuelven más relevantes estas reformas, buscando diferenciar al gobierno entrante del saliente.

En el 2000, Vicente Fox introdujo propuestas altamente polémicas para una reorganización de la APF. Por ejemplo, estableció la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, quitándole a Gobernación las actividades de seguridad; y creó la Secretaría de la Función Pública, en sustitución de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM).

Felipe Calderón decide esperar, y ya en el gobierno impulsa el Programa Especial de Mejora de la Gestión Pública, contemplando el Presupuesto Basado en Resultados. Y a mitad de su mandato introduce una controversial propuesta para eliminar las Secretarías de Turismo, Reforma Agraria y Función Pública; esta propuesta no fue aprobada por el Congreso. Además de reformas al sector energético.

Enrique Peña Nieto decide cambiar de tajo, y al final de la Transición, de manera un tanto atropellada, propone fuertes cambios a la LOAPF. Entre otros, elimina la Secretaría de Seguridad Pública, regresando las atribuciones a Gobernación y fortaleciéndola como Jefatura de Gabinete; sustituye la Reforma Agraria por la Sedatu; centraliza facultades en la Consejería Jurídica; y propone, nuevamente, la eliminación de la Función Pública, plan que nunca se materializó pues nunca se creó el órgano Anticorrupción que la sustituiría.

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Y con las reformas estructurales realizadas el primer año y medio de Peña se generan mayores reformas de fondo a la LOAPF para adaptar la estructura de gobierno a estas reformas. La energética es la que más cambios genera, además de los nuevos órganos autónomos creados por varias de las reformas.

Lo presentado por Morena el jueves representa uno de los cambios más significativos a la LOAPF de cualquier inicio de gobierno; además de ser la ocasión en que con más anticipación al inicio de gobierno se han presentado las propuestas. Generalmente se presentaban durante los primeros meses de gobierno, o unos días antes del cambio.

Uno de los mayores cambios es la creación de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que concentrará todas las facultades que tenía Gobernación en la materia, además de atraer las de seguridad nacional y las de protección civil. En esta Secretaría estará el nuevo Centro Nacional de Inteligencia, que sustituye al famoso CISEN.

A la Segob la ratifica como la coordinadora global de todas las dependencias de la APF, y reorganiza sus funciones en solo tres Subsecretarías: Gobierno, Enlace Legislativo y Normatividad de Medios; Derechos Humanos, Migración y Población; y Democracia Participativa, Fomento Cívico y Asuntos Religiosos.

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En Hacienda se hacen también cambios importantes al centralizar en ella todos los procesos de contrataciones públicas del gobierno federal. Para ello eliminan las oficialías mayores de las dependencias, sustituyéndolas por Unidades Administrativas y de Finanzas, dependientes de Hacienda.

Se concentra en la Consejería Jurídica todas las Unidades Jurídicas u homólogas de todas las dependencias federales, dándole facultades de nombramiento y remoción. Y obliga a todas las dependencias a enviar a la Consejería todas sus propuestas de reformas legislativas para su revisión, previo a ser enviadas al Congreso de la Unión.

Otra centralización importante se da en la oficina de la presidencia. Por un lado se crea la Coordinación General de Programas para el Desarrollo. De ella dependerán las nuevas Delegaciones Federales, que concentrarán en una sola oficina en cada entidad federativa todas las relaciones del Ejecutivo Federal con los gobiernos estatales y municipales, estableciendo también contacto directo con la sociedad. Con ello, se eliminan las delegaciones de cada dependencia.

Por otro lado, concentra en la presidencia todas las acciones y criterios en materia de comunicación social para toda la APF, facultándola para emitir todas las disposiciones al respecto, así como los esquemas de supervisión y evaluación.

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En materia energética, uno de los cambios más importantes es la sectorización de los órganos reguladores en la materia a la Secretaría de Energía, quitándoles la autonomía con la que fueron creados.

Como se puede apreciar en varios cambios, hay una tendencia importante de centralizar muchas de las actividades de gobierno. Esto en sí mismo no tendría que ser algo malo. Sin embargo, aspectos como en el caso energético muestran poco interés por el fortalecimiento institucional y más por el control de ciertas instituciones.

Fox demostró una plena incapacidad para realmente implementar la modernización que suponían sus cambios a la APF. Calderón se preocupó más por su guerra y excesos que por eficientar la gestión pública. Peña Nieto mostró un pleno desinterés por la rendición de cuentas y una clara prioridad por la corrupción y la soberbia.

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La pregunta hoy es qué capacidad real, o interés, tendrá el nuevo gobierno por hacer los cambios que el país requiere. Hasta el momento, no han demostrado mucha habilidad. Por el bien de México, mantengamos la esperanza de que el cambio viene en serio.

Tal vez sea momento de pensar en ciertos límites legales a los cambios sexenales en la LOAPF; resulta muy caro modificar cada año y ver que ningún gobierno parece tomarlos en serio.

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