Por cada peso legal, hay 15 que entran de manera ilegal a las campañas: estudio

El costo de las campañas en las últimas elecciones para gobernador ha superado hasta 10 veces el tope de gastos establecidos por el INE, pero el origen de los recursos ha quedado en la opacidad.

El estudio Dinero Bajo la Mesa realizado por Mexicanos contra la Corrupción e Integralia detectó que en los últimos años aunque en el papel, el costo de las campañas puede ser austero en realidad hay gastos que no se reportan y cuyo origen es desconocido.

“Según los reportes de los candidatos en las 15 elecciones que hubo en 2016 y 2017 nos dicen que solamente se gastaron solamente el 32% del tope de campaña, se imaginan ustedes que si se pueden gastar 1,000 pesos solamente se gastaron 320 pesos, ¿el resto dónde está? (...) tendríamos que decir que la democracia en México, en la democracia más cara del mundo son realmente muy austeras, es un contrasentido", dijo María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción.

De acuerdo con el informe, por cada peso que los candidatos reportan ante la autoridad electoral, hay por lo menos 15 que puede provenir de fuentes de financiamiento ilegal tales como desvío de recursos públicos, empresas privadas y el crimen organizado.

“La corrupción en el financiamiento de campañas políticas es, creemos, el mayor problema de la democracia mexicana (...) el sistema de financiamiento público ha tenido una buena consecuencia al estimular la pluralidad política, pero de manera paralela ha fracasado en evitar que el dinero ilegal penetre en las campañas”, dijo Luis Carlos Ugalde, director de Integralia durante la presentación del estudio.

La cuantificación de gasto se hizo a través de entrevistas a profundidad a operadores políticos, gobernadores, estrategas, candidatos, asesores y funcionarios públicos.

Entre los consultados están el exfiscal electoral Santiago Nieto, el candidato a delegado Vidal Llerenas, el exasperante presidencial Armando Ríos Piter y el extitular del SAT, Aristóteles Núñez.

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¿De dónde viene el financiamiento ilegal?

Son tres las principales fuentes de financiamiento que cita el estudio: el desvío de recursos públicos, la contribución de particulares de manera ilegal y el fondeo por parte de grupos del crimen organizado.

En cuanto al desvío de recursos son varios los modus operandi que documenta el estudio tales como el uso de empresas fantasma o fachada, sobrecostos en obra pública, descuentos en nómina de funcionarios y el uso público de programas sociales.

Otro rubro detectado es el financiamiento privado ilegal que puede ser a través de la entrega de dinero en efectivo o en especie por medio de la entrega de productos que pueden ser textiles, alimentarios, cobertura en medios y difusión de encuestas.

El otro rubro es el de dinero proveniente del crimen organizado, que tiene como fin infiltrarse en posiciones dentro del gobierno.

¿En qué se gasta?

Los recursos obtenidos de manera ilegal para financiar las campañas, señala el estudio se usan principalmente para actividades como el clientelismo electoral, como la compra del voto y la movilización de votantes, el día de la elección.

Otro rubro que se aborda es el pago a medio de comunicación para cobertura informativa sobre los candidatos, estrategas de campaña, consultores y casas encuestadoras.

Este tema incluso contempla el uso de la publicidad oficial de los gobiernos para cubrir las campañas, a través de pagos a empresas privadas para favorecer a un candidato en particular.

¿Cómo solucionarlo?

Uno de los aspectos que se señala como un factor que ha propiciado este tipo de prácticas es la ausencia de sanciones firmes, pues Ugalde señala que, los partidos prefieren apostar por pagar una multa que respetar la ley.

Ante esta situación, presentaron un listado de políticas públicas con las que se podría meter freno a la utilización de recursos ilegales en las campañas:

• Implementar una ley electoral y financiamiento público “base cero".
• Crear Sistema integral de fiscalización que incluya al Sistema de Administración Tributaria, la Auditoría Superior de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera y el INE.
• Revisar el uso de efectivo en campañas y bancarizar las operaciones de gobierno.
• Disminuir al mínimo la publicidad oficial y crear mecanismos para evitar áreas de riesgo con empresas de medios integradas verticalmente.
• Hacer que el voto sea obligatorio.
• Reformular con base en criterios generales los topes de gastos de campañas.
• Cambiar la normatividad bancaria para tener acceso a transacciones y cuentas individuales.
• Modificar el sistema de contrataciones y proveedores a nivel local.
• Revisar la tipificación y sanciones de los delitos electorales
• Poner en marcha el esquema de urnas electrónicas, para evitar operación de compra de votos.