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Crisis de COVID-19 puede tener impacto a vivienda de familias

Silvia Emanuelli de la Coalición Internacional para el Hábitat pide tomar medidas ante los efectos sociales y económicos de la crisis que puede pegar a la vivienda de la clase media-baja.
mar 28 abril 2020 05:32 AM
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Silvia Emanuelli, coordinadora de la Coalición Internacional para el Hábitat América Latina (HIC-AL), señala que la crisis traerá necesidad a sectores que no pertenecen a “una población tradicionalmente pobre”.

El gobierno federal ha tomado medidas para proteger a la población más vulnerable del país como personas que viven en situación de calle o en asentamientos irregulares, pero las autoridades deben ampliar su espectro y tomar medidas a favor de la clase media-baja del país ante los efectos sociales y económicos de la crisis, considera Silvia Emanuelli, coordinadora de la Coalición Internacional para el Hábitat América Latina (HIC-AL).

Freelancers, dueños de pequeños negocios, arrendatarios y quienes trabajan en el arte y la cultura también han quedado vulnerables ante los efectos de la crisis económica que traerá el COVI-19.

En entrevista, la activista señala que la crisis traerá necesidad a sectores que no pertenecen a “una población tradicionalmente pobre” pero que encontrará en la necesidad de pedir apoyos para costear la cuenta del súper.

Cuenta que en Italia —su país de origen— en un inicio no pensaron en los bonos alimentarios y hoy la población está en una situación tal, que se tuvo que establecer la ayuda a una población que ya no puede endeudarse, ya no puede pedir más créditos y que tuvo que cerrar su actividad.

Emanuelli resalta que ante la crisis, está el peligro que la gente pueda quedarse sin viviendas al ya no poder pagar rentas o hipotecas, por lo que urgió al gobierno a comenzar a tomar medidas o establecer programas para las personas que puedan caer en este problema.

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La especialista en derechos humanos advierte que el cierre de negocios y la pérdida de empleo complicará el pago de las rentas, lo que podría llevar a desalojos irregulares o huelgas de pago de alquileres.

Sólo en la Ciudad de México, entre 2014 y 2019 se realizarón un promedio de 3,000 desalojos judiciales con la intervención de la Policía capitalina, de acuerdo con información obtenida en solicitudes de información por HIC-AL.

Aunque la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ha hecho un llamado para la solidaridad de empresarios y arrendadores para ser solidarios y diferir el pago de alquileres, Emanuelli considera que las autoridades deben atender aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo.

La petición

Ante este riesgo, 62 organizaciones y 207 académicos han planteado al Gobierno de México adoptar medidas emergentes para garantizar los derechos humanos a la vivienda y al agua y le han pedido cuatro medidas.

  • Suspensión de desalojos
  • Acordar medidas en el pago de rentas
  • Garantizar vivienda alternative o refugios temporales
  • Suspender los cortes de servicios públicos como el agua.

Emanuelli resalta que la necesidad de suspender los desalojos no sólo es durante la contingencia sanitaria sino al menos durante seis meses después o cuando los juzgados retomen sus actividades.

“La crisis que estamos viviendo en términos económicos y sociales, va a complejizar mucho que inmediatamente el término de la emergencia sanitaria todo regrese a la normalidad como para que la persona en riesgo de desalojo encuentre soluciones alternas. Estamos en una total incertidumbre sobre cuánto durará esta crisis y cuánto nos tomará salir de ella”, señala la activista.

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El principal llamado del Gobierno para contener la epidemia es “Quédate en casa”, llamado que la HIC-AL ha respondido con: “Para quedarse en casa hay que tener una”.

Para ello plantea decretar la suspensión de las rentas para quienes demuestren no poder seguir pagando al ver afectados sus ingresos y con el objeto que no se queden sin un lugar para vivir.

Emanuelli pide diferenciar entre los grandes propietarios quienes poseen numerosos departamentos o casas; y los pequeños propietarios, quien renta una propiedad como su principal o única fuente de ingresos, para quienes plantea el Gobierno otorgue un apoyo económico.

HIC-AL también plantea evitar suspender servicios como la energía eléctrica y el agua potable, así como garantizar el acceso a salubridad, higiene y alimentos a los grupos de menos ingresos.

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Opciones para los más necesitados

Las organizaciones han pedido a las autoridades garantizar opciones de vivienda alternativa para personas en situación de calle, víctimas de violencia intrafamiliar y todos aquellos que no tengan en dónde resguardarse.

Emanuelli explica que se pueden utilizar como espacios de refugio durante la contingencia sitios que hoy se encuentran vacíos como edificios y hoteles, a partir del principio de “utilidad pública de la propiedad”.

“En otros países para la población en situaciones precarias se están ofreciendo camas en hoteles que son pagados por la propia autoridad para permitirles condiciones más dignas y separación mayor a la que pueden ofrecer otros espacios”, señala.

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