En la presentación del estudio, Alejandro Anaya y Patricia de Obeso advirtieron que el país atraviesa una grave crisis de impunidad, que erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Explicaron que de continuar así, para 2050 el costo ascendería a 8.7 billones de pesos, lo que significaría una pérdida de 13% del PIB.
Los especialistas advirtieron que la impunidad relacionados con homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados genera costos por la pérdida salarial de las personas desaparecidas, por búsqueda de personas, por costo de la esperanza de vida, por impacto a la actividad económica y por afectaciones a nivel educativo de los jóvenes.
“Tener una peor calidad institucional que Costa Rica nos cuesta cada año 422,390 millones de pesos (0.579 por ciento del PIB). Para 2030, si no se perpetra ni un asesinato más, habremos perdido 1.8 billones de pesos en comparación con una senda de crecimiento donde no hay asesinatos ni desaparecidos. Finalmente, hacia 2050 el costo ascendería a 8.7 billones de pesos (13% menos PIB que en un México sin muertos ni desaparecidos por el narco). Este es el costo de la falta de efectividad de nuestro gobierno”, dice el estudio.