El presidente afirmó que conforme más avanza la investigación, más evidente es que se inventó la llamada “verdad histórica” —establecida por el Procurador Jesús Murillo Karam durante el gobierno de Enrique Peña Nieto— que refería que los jóvenes fueron calcinados en el basurero de Cocula y arrojados al río San Juan por integrantes del grupo criminal de Guerreros Unidos.
López Obrador se pronunció además por que se investigue a quien se tenga que investigar, porque aclaró, su gobierno no protege a nadie “Nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie, por eso somos distintos, no somos iguales”, dijo.
La misma versión dada a conocer este jueves también involucra a Leonardo Octavio Vázquez Pérez e Iñaki Blanco, Secretario de Seguridad Pública y Procurador de Guerrero, funcionarios en el gobierno de Ángel Aguirre, de haber recibido 50 mil dólares mensuales.
Además se asegura que Guerreros Unidos tenía en “su nómina” a los Batallones 27 y 41 de Infantería con pagos que iban de los 60 mil hasta 5 millones de pesos mensuales, este último monto correspondiente a un soborno destinado a un general de apellido Saavedra, en un supuesto trato que incluía ansportar en vehículos militares tanto droga como armas.
De acuerdo con el testigo colaborador, el hombre de Guerreros Unidos que estaba encargado de pagar la nómina a militares y elementos de diversas corporaciones era Jesús Pérez Lagunas, “El Güero Mugres”, asesinado el 28 marzo de 2018 en Tonatico, Estado de México.
“Se pagaba mensualmente según el rango, era lo que variaba, un Teniente andaba entre 60 a 80 mil pesos, un Capitán andaba en 120 mil pesos, mientras que un General ya es cosa seria lo que se le da, pues va de 4 a 5 millones, dinero que se da mensual por parte de Jesús Pérez Lagunas ‘El Güero Mugres’”, refiere el testimonio.
