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Testigo del caso Ayotzinapa exhibe pagos a funcionarios y mandos militares

Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad de la CDMX, el exprocurador de Guerrero Iñaky Blanco y el exsecretario de Seguridad, Leonardo Vázquez, son involucrados con supuestos sobornos.
jue 21 enero 2021 08:47 AM
CIUDAD DE MÉXICO, 11NOVIEMBRE2019.- Padres de los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero, salieron de una reunión privada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que también estuvieron presentes Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Alejandro Encinas, subsecretario de la Secretaría de Gobernación, y Omar Gómez Trejo, fiscal especial para el caso Ayotzinapa.
FOTO: GRACIELA LÓPEZ  /CUARTOSCURO.COM
Padres de los 43 normalistas a su salida de una reunión privada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador de noviembre de 2019.

Un nuevo testigo clave del caso Ayotzinapa involucró a funcionarios como Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad de la CDMX, y exfuncionarios como el entonces Procurador estatal Iñaky Blanco, el Secretario de Seguridad Pública del estado Leonardo Vázquez Pérez, así como a mandos militares de los Batallones 27 y 41 de Infantería en supuestos sobornos pagados por el crimen organizado.

La declaración de “Juan”, testimonio clave en las indagaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida hace seis años en Iguala, Guerrero, a la que tuvo acceso el diario Reforma, indica que el grupo criminal Guerreros Unidos pagaba a estos mandos militares y policiacos para poder operar con impunidad en Guerrero.

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Este testimonio señala a Omar García Harfuch, quien durante 2014 se desempeñaba como coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF) en Guerrero, de supuestamente recibir 200 mil dólares al mes a cambio de información sobre posibles operativos y de dar facilidades para el trasiego de heroína, dinero y armas.

García Harfuch negó este jueves “las declaraciones dolosas” hechas en su contra por el testigo protegido “Juan”, un exlíder criminal de Guerreros Unidos. “Mi trayectoria en el combate a la delincuencia organizada en distintos frentes habla por sí misma. No tengo nada que ocultar”, expresó el jefe de policía capitalino en su cuenta de Twitter.

El testimonio de este testigo protegido ha involucrado a militares del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, de haber interrogado a algunos de los estudiantes de Ayotzinapa y entregarlos —a algunos de ellos supuestamente sin vida— a la delincuencia organizada, que los habría incinerado en servicios funerarios a las afueras de la ciudad para después plantar sus restos y montar una falsa escena del crimen en el basurero de Cocula.

Al respecto, este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la información filtrada es verídica y aclaró que la investigación del caso Ayotzinapa aún está abierta, por lo que llamó a que si algún ciudadano tiene datos que ayuden a aclarar lo que aconteció la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre, que la aporte.

Por su parte, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum indicó que al elegir a Omar García Harfuch como responsable de la seguridad de la Ciudad de México el Gobierno consultó al Centro Nacional de Inteligencia, la consulta a la Fiscalía General de la República, a distintas personas tanto de la sociedad civil como de las instituciones de seguridad.

“En el Gobierno de la ciudad –lo dije en el 2019, lo dije también recientemente– nunca hemos hecho ni haremos pactos con criminales, jamás. Esa es la manera en que nosotros actuamos”, señaló.

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El presidente afirmó que conforme más avanza la investigación, más evidente es que se inventó la llamada “verdad histórica” —establecida por el Procurador Jesús Murillo Karam durante el gobierno de Enrique Peña Nieto— que refería que los jóvenes fueron calcinados en el basurero de Cocula y arrojados al río San Juan por integrantes del grupo criminal de Guerreros Unidos.

López Obrador se pronunció además por que se investigue a quien se tenga que investigar, porque aclaró, su gobierno no protege a nadie “Nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie, por eso somos distintos, no somos iguales”, dijo.

La misma versión dada a conocer este jueves también involucra a Leonardo Octavio Vázquez Pérez e Iñaki Blanco, Secretario de Seguridad Pública y Procurador de Guerrero, funcionarios en el gobierno de Ángel Aguirre, de haber recibido 50 mil dólares mensuales.

Además se asegura que Guerreros Unidos tenía en “su nómina” a los Batallones 27 y 41 de Infantería con pagos que iban de los 60 mil hasta 5 millones de pesos mensuales, este último monto correspondiente a un soborno destinado a un general de apellido Saavedra, en un supuesto trato que incluía ansportar en vehículos militares tanto droga como armas.

De acuerdo con el testigo colaborador, el hombre de Guerreros Unidos que estaba encargado de pagar la nómina a militares y elementos de diversas corporaciones era Jesús Pérez Lagunas, “El Güero Mugres”, asesinado el 28 marzo de 2018 en Tonatico, Estado de México.

“Se pagaba mensualmente según el rango, era lo que variaba, un Teniente andaba entre 60 a 80 mil pesos, un Capitán andaba en 120 mil pesos, mientras que un General ya es cosa seria lo que se le da, pues va de 4 a 5 millones, dinero que se da mensual por parte de Jesús Pérez Lagunas ‘El Güero Mugres’”, refiere el testimonio.

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