El presidente Andrés Manuel López Obrador emitió este martes un memorándum en el que ordena a todos los servidores públicos del gobierno federal abstenerse de participar en asuntos partidistas y, más aún, de llevar a cabo prácticas antidemocráticas.
El documento fue difundido en las redes sociales del primer mandatario, luego de la reunión que sostuvo en Palacio Nacional con los 'superdelegados' de las 32 entidades.
En el memorándum, López Obrador señala que, en los tiempos en los que sus seguidores eran la oposición, se enfrentaron a los fraudes electorales y sufrieron la injerencia de los gobiernos para beneficiar a candidatos y partidos.
"(Ahora), por ningún motivo podemos actuar de la misma manera (…) Nada de partido de Estado. Les pido abstenerse por completo de actuar, en su carácter de funcionarios, en asuntos partidistas", dice.
El presidente también prohíbe a los servidores públicos hacer uso personal de los recursos públicos o de los programas sociales, que deben, puntualiza, destinarse sin distinción a los ciudadanos.
Memorándum: ya no hay partido de Estado y es delito grave el fraude electoral https://t.co/4MVU3LNFnX pic.twitter.com/FJqsLUDHnQ
— Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 22, 2019
Asimismo, informa que pedirá la renuncia a quienes lleven a cabo "cualquier conducta antidemocrática", como el fraude electoral, que ha sido tipificado —a iniciativa de Morena— como delito grave.
"Ser de izquierda significa ser honestos, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo (…) Estoy seguro que todos sabremos cumplir con rectitud y dignidad", expresa el presidente López Obrador.
Este memorándum se publica en medio del proceso interno de Morena para renovar su dirigencia, para el cual se perfilan la actual dirigente, Yeidckol Polevnsky, el diputado federal Mario Delgado y una de las cofundadoras del partido, Bertha Luján.
También se da a poco más de una semana para que el morenista Jaime Bonilla Valdez tome protesta como gobernador de Baja California, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se alista para analizar la constitucionalidad de la polémica reforma que permitiría a Bonilla gobernar cinco y no dos años.
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