Semarnat descarta turismo urbano en Sian Ka’an, pero comunidades piden certeza y reparación ambiental

El pasado 6 de octubre, durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena , descartó por completo la construcción de desarrollos urbanos de gran escala en la reserva, pues aseguró, se privilegiará la conservación, las comunidades y organizaciones ambientalistas alzaron la voz para insistir en que este anuncio no garantiza la cancelación definitiva del proyecto ni resuelve las afectaciones ambientales y a los derechos de los habitantes que atribuyen a las obras.

Ante ello, exigen garantías jurídicas que impidan retomar el proyecto bajo otro nombre o con modificaciones, así como un programa de restauración ecológica con participación comunitaria y una revisión judicial de las demandas presentadas contra la obra.

Viridiana Maldonado, abogada de Territorios Diversos para la Vida (TerraVida), organización que acompaña a las comunidades en la defensa de sus derechos, en entrevista con Expansión Política, explicó que entre las afectaciones reportadas desde el inicio de las obras de este proyecto, que iniciaron incluso sin los permisos necesarios, se encuentran 6.34 hectáreas de selva desmontadas y 1,418 metros cuadrados de mangle rojo afectados.

Maldonado agregó que actualmente se acompañan a 91 personas y seis cooperativas pesqueras y turísticas de Punta Allen, que buscan proteger su territorio y sus derechos a un medio ambiente sano, a la información y a la participación en las decisiones que pueden afectarlos.

La abogada explicó además que actualmente también existe una batalla legal y que los habitantes están a la espera de una resolución judicial que les otorgue certeza jurídica y evite que el desarrollo pueda retomarse en el futuro bajo otro nombre o con modificaciones.

La preocupación no es menor: Puerta al Mar contempla un camino de aproximadamente 54.6 kilómetros entre Felipe Carrillo Puerto y Vigía Chico, de los cuales 32.2 kilómetros atraviesan la reserva. El proyecto también incluye estacionamientos, muelles, locales comerciales, una granja solar, una subestación eléctrica y otras instalaciones previstas para recibir visitantes.

Por lo que si bien, la Semarnat ya descartó el desarrollo turístico urbano en dicha región, se informó que sí se contempla mantener infraestructura mínima para conservación y turismo sustentable en Vigía Chico, aunque no se precisó cuáles obras permanecerán ni cuál será su alcance, ante ello, las organizaciones y ambientalistas insisten en que nunca se solicitaron infraestructura turística en esa zona.

Puerta al Mar: obras y daños denunciados en la reserva

El proyecto Puerta al Mar comenzó en agosto de 2023 como parte de una estrategia de desarrollo turístico vinculada al Tren Maya. De acuerdo con las comunidades, su ejecución ha avanzado sin información oportuna ni una consulta indígena que les permita participar en las decisiones sobre el territorio.

Las denuncias también cuestionan la evaluación de impacto ambiental que estas obras tienen, pues según la información presentada por las comunidades, el desmonte del lugar ocurrió aproximadamente 10 meses antes de que se realizaran los estudios utilizados para elaborar la Manifestación de Impacto Ambiental.

Hasta ahora entre las afectaciones se reportan alteraciones en los corredores biológicos de especies como el jaguar, el tapir y el ocelote, además de cambios en los flujos de aguas subterráneas y superficiales.

“Ya hay una serie de obras que, incluso con el pronunciamiento de la secretaria, se necesitan analizar y se necesita hacer una restauración de los daños”, señaló Maldonado al respecto.

Las comunidades también denuncian restricciones de acceso a la zona que afectan sus actividades económicas, sus necesidades de salud y las visitas familiares. Para los pescadores, el conflicto involucra sus medios de subsistencia; para los habitantes mayas de Felipe Carrillo Puerto, la reserva constituye además un espacio de conexión cultural y recreación.

La preocupación es que el camino facilite la expansión del turismo masivo en una región donde las comunidades mantienen actividades de pesca y turismo sustentable.

“Es nada más literalmente una puerta de entrada a un turismo masivo”, advirtió Maldonado, quien señaló que el desarrollo podría transformar progresivamente el territorio y afectar el proyecto de vida de sus habitantes.

La disputa judicial sigue abierta

La exigencia de cancelación definitiva de este proyecto también se encuentra en los tribunales, donde se presentó el amparo indirecto 632/2026-III-A, promovido para que se revisen las posibles violaciones a sus derechos y las afectaciones derivadas de las obras.

El Juzgado Sexto de Distrito en Quintana Roo desechó la demanda en dos ocasiones, el 9 y el 17 de julio de 2026.

En el primer caso, el juzgado señaló la falta de documentos certificados para acreditar la representación de las cooperativas. En el segundo, consideró que los habitantes no acreditaron interés legítimo para promover el recurso.

Al respecto, Maldonado explicó que las cooperativas presentaron sus actas constitutivas en copia simple y solicitaron más tiempo para obtener documentos certificados, debido a los costos y las dificultades de traslado desde Punta Allen, pero la jueza rechazó la petición.

En cuanto a los habitantes, indicó que la demanda expuso los servicios ambientales de la reserva de los que se benefician las comunidades y presentó documentos para acreditar su relación con el territorio. Aun así insistió, el juzgado consideró que no se había demostrado el interés legítimo.

Las comunidades impugnaron ambas determinaciones y sus recursos de queja ahora están en manos del Tercer Tribunal Colegiado en Quintana Roo, por lo que se busca que los magistrados revoquen los desechamientos, admitan la demanda y permitan examinar el fondo del caso.

“Para nosotras y para las comunidades que representamos, realmente otorgaría la certeza jurídica que no otorga el pronunciamiento de la doctora Alicia Bárcena”, sostuvo Maldonado.

Así mientras el tribunal analiza los recursos, las comunidades y organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Greenpeace México, Sélvame MX, CartoCrítica y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible mantienen la exigencia de que la conservación de Sian Ka’an se traduzca en restauración ambiental, acceso a la justicia y respeto a las formas de vida de quienes han cuidado el territorio durante generaciones.