Aunque la interrupción voluntaria del embarazo ya está despenalizada hasta las 12 semanas de gestación en 24 estados, en ocho entidades todavía existen disposiciones penales que contemplan cárcel para quienes aborten voluntariamente.
Las penas van desde los tres meses de prisión en Aguascalientes, donde es legal pero el plazo permitido para interrumpir un embarazo se redujo a seis semanas de gestación, hasta una máxima de seis años de cárcel en Sonora.
Las entidades donde se criminaliza el aborto son Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora y Tamaulipas.
Aguascalientes
Permite el aborto hasta las seis semanas de gestación. Después de ese periodo, sanciona con entre tres y seis meses de prisión, más de 500 a 1,000 días multa.
Durango
De uno a tres años de prisión y de 72 a 216 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Guanajuato
De seis meses hasta tres años de prisión y de cinco a 30 días de multa.
Morelos
De uno a cinco años de prisión y de 20 a 200 días multa. Puede ser sustituido por tratamiento médico y psicológico.
Nuevo León
De seis meses a un año de prisión.
Querétaro
De uno a tres años de prisión.
Sonora
De uno a seis años de prisión y 20 a 200 veces la UMA.
Tamaulipas
De uno a cinco años de prisión. La pena puede ser sustituida por tratamiento médico integral, salvo en caso de reincidencia.
En Durango y Morelos existen resoluciones judiciales que ordenan a los Congresos locales para eliminar la penalización total del aborto, sin embargo, aún no se legisla al respecto.
El avance legislativo en México no se ha traducido necesariamente en un acceso efectivo y libre de estigmas para todas las mujeres, pese a que desde hace cinco años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la criminalización absoluta del aborto.
Flor Rodríguez, abogada y activista por los derechos de las mujeres con formación en derechos humanos, género y política, señaló en entrevista con CIMAC que el reto actual consiste en dejar de medir los avances únicamente a partir de las reformas legislativas y garantizar que el derecho pueda ejercerse en los servicios públicos de salud.
“Una cosa es la despenalización y otra es que se garantice la elección de las mujeres para poder gestar o sus derechos reproductivos”, dijo.
La especialista detalló que en algunas entidades continúan existiendo causales, límites y condiciones que determinan quién puede acceder al servicio y bajo qué circunstancias.
El caso de Aguascalientes resalta debido a que en 2023, tras un amparo promovido por organizaciones de la sociedad civil, el Congreso local despenalizó el aborto hasta la semana doce. Sin embargo, ocho meses después dio marcha atrás y redujo el plazo a seis semanas.
Para Cirenia Celestino Ortega, defensora de los derechos humanos de las mujeres, es un límite en el que muchas mujeres ni siquiera saben todavía que están embarazadas y que no responde a ningún criterio científico ni de salud pública.
El 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, tiene su origen en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en 1990.
