La Secretaría de Gobernación informó que la decisión de Rubén Rocha Moya de reincorporarse a sus funciones como gobernador de Sinaloa responde exclusivamente a una determinación de carácter personal.
La dependencia federal señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas carpetas de investigación relacionadas con las 10 personas señaladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre ellas el mandatario sinaloense, por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La Secretaría de Gobernación recordó además que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha solicitado de manera reiterada al Departamento de Justicia estadounidense que aporte las pruebas correspondientes que sustenten los señalamientos realizados.
En este contexto, indicó que corresponde a la FGR, dentro del ámbito de sus atribuciones y conforme al avance de las investigaciones, proporcionar la información adicional que considere pertinente.
Gobernación subrayó que respeta las facultades de las instituciones competentes y el debido proceso en el desarrollo de cualquier investigación.
Rubén Rocha Moya anunció hoy que retomará el cargo de gobernador de Sinaloa para concluir su sexenio el 31 de octubre de 2027 y afirmó que como parte de la investigación de la Fiscalía General de la República, no hay evidencias de que haya incurrido en algún delito.
"Es mi deber cumplir con el mandato de las y los sinaloenses, quienes me eligieron como titular del Poder Ejecutivo para gobernar hasta el 31 de octubre de 2027", afirmó.
Rocha Moya es señalado por Estados Unidos dentro de una presunta estructura de protección política y gubernamental relacionada con Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la acusación, cuando Rocha Moya buscaba la gubernatura en 2021 habría sostenido reuniones con Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, ''El Chapo''. Los fiscales estadounidenses sostienen que en esos encuentros se habría planteado un acuerdo: Los Chapitos apoyarían su candidatura y, a cambio, Rocha Moya permitiría la colocación de funcionarios favorables al grupo y le garantizaría condiciones para operar sin interferencia de las autoridades.
La acusación sostiene además que el respaldo del grupo criminal no habría sido únicamente financiero o político. Según los fiscales, integrantes de Los Chapitos habrían intervenido durante el proceso electoral mediante amenazas, intimidaciones y robo de boletas y urnas de candidatos opositores. El documento también afirma que policías estatales habrían recibido instrucciones de no intervenir ante algunos de esos hechos.
La tesis de los fiscales estadounidenses va más allá de la elección. Según la acusación, después de que Rocha Moya ganó la gubernatura habría existido otro encuentro con integrantes de Los Chapitos en el que se habría acordado que el grupo tendría control sobre la policía estatal de Sinaloa.
El documento señala asimismo que, durante su administración, Los Chapitos habrían conseguido influencia sobre distintas instituciones de seguridad y procuración de justicia, entre ellas la Fiscalía estatal, la Policía de Investigación, la Policía Estatal y corporaciones municipales de Culiacán.
